Colombia No Olvida

Tuesday, October 03, 2006

En expedientes 'paras' también figura ex magistrada auxiliar de Corte Suprema de Justicia

Octubre 1 de 2006

Es Tatiana Moreno Sheet, que trabajó con el magistrado Álvaro Pérez, a cuyo cargo estuvo la investigación por denuncias de presuntos nexos del senador Álvaro García Romero con 'paras' de Sucre.

Esas denuncias llegaron a la Corte Suprema en junio de 2005 y le correspondieron, por reparto, al magistrado Pérez, que también tienen a cargo los expedientes contra otros dos políticos de ese departamento: Jairo Merlano y Muriel Benito-Revollo.

Según personas cercanas al caso, Pérez ha manejado con total pulcritud estos procesos. No obstante, hoy hay desconcierto en torno al tema, pues su magistrada auxiliar Moreno Sheet es la misma que aparece mencionada en expedientes por paramilitarismo, entre ellos uno que señala a García Romero, quien siempre ha negado estos señalamientos.

La abogada fue Procuradora de Sucre entre septiembre de 1999 y agosto de 2001. Y luego, desde febrero de 2005 hasta febrero de 2006, trabajó en la Corte Suprema con Pérez.

Fax, testigo y policía

El nombre de Moreno Sheet saltó a la palestra nacional en febrero de 2003, en un consejo comunitario presidencial: ese día, el alcalde de El Roble (Sucre), Eduardo Díaz, anunció que lo iban a matar.

Díaz dijo que la Procuraduría lo suspendió injustamente por denunciar al gobernador Salvador Arana y, según él, había una alianza en su contra de la que hacía parte Moreno.

El alcalde remató diciendo que primero era la suspensión y después su asesinato. Dos meses después, fue baleado por 'paras' que, según testigos, seguían órdenes de poderosos políticos de Sucre.

Moreno volvió a ser mencionada -en mayo de 2005- durante un debate del hoy senador Gustavo Petro.

Según Petro, del despacho de la entonces Procuradora salió un fax para la Fiscalía en el que el ex 'para' Jairo Castillo Peralta se retracta de acusaciones contra políticos de Sucre. Días más tarde, Castillo -que menciona en sus testimonios a García Romero- declaró que el fax es falso y que no conocia a Moreno a quien iba dirigido el documento.

El teniente de la Policía Sergio Tovar, jefe de la Sijín de Sucre en 2001, también habla de Moreno en una declaración rendida en noviembre de 2001 en la Procuraduría, por la investigación de la masacre de Chengue (Sucre).

Según él, comenzó a recibir presiones para salir de la zona y su superior le dijo que venían de Moreno, que lo acusaba de arbitrario.

El oficial añade que la funcionaria había estado involucrada en comentarios y panfletos en donde se hablaba de una reunión de ella con un político que estuvo preso por conformación de grupos 'paras': "Decían que había ido dizque a recibir dádivas por unos favores", dice el oficial.

Ante las afirmaciones del alcalde de El Roble, del testigo y del oficial -que por su gravedad el senador Petro remitió a la Corte Suprema hace algunos meses- se intentó ubicar a la abogada, pero dijeron que estaba en licencia. Y aunque un compañero informó a su hermano que EL TIEMPO la buscaba, al cierre de esta edición no se había comunicado.

'Es antiético'

No obstante, personas cercanas a ella dijeron que nunca ha sido investigada y que es una excelente e intachable profesional.

Pero para el senador Petro, Moreno debió advertir que su nombre era mencionado en ese tipo de casos y se debió declarar impedida para trabajar en la Corte Suprema.

"Estoy sorprendido -dijo Petro-. Si no está vinculada al proceso, la Fiscalía debió investigarla. Es antiético. Estaba inhabilitada y debió advetirlo. Es grave su vinculación al tribunal. Ojalá no haya tenido acceso a expedientes".

Ahora se espera que Moreno se pronuncie en torno a los señalamientos y a su labor en la Corte Suprema.

UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com.co

¿Quién es Tatiana Moreno Shett?

La funcionaria trabaja actualmente en la Secretaría Tercera en lo penal de la Procuraduría General, en procesos de casación.

Tatiana Moreno es abogada penalista, experta en casación. Hace más de 6 años ingresó a la Procuraduría. Según su hoja de vida, el 13 de septiempre de 1999 fue encargada de la Procuraduría de Sucre en donde estuvo hasta agosto del 2001. El 11 de febrero del 2005 le aprobaron una comisión para trabajar en la Corte Suprema hasta el 10 de febrero del 2006.

Guardián del computador de '40', clave en caso de políticos

Ignacio Fierro Flórez, alias 'don Antonio', un ex oficial del Ejército que se convirtió en la mano derecha del jefe paramilitar Rodrigo Tovar, 'Jorge 40', y que custodiaba el computador portátil de su organización, podría convertirse en la pieza clave de las autoridades en sus investigaciones por los nexos de las Auc con la política de la Costa Atlántica.

Ayer, una fuente judicial reveló que Flórez, detenido en abril pasado, fue postulado hace unas semanas a la Ley de Justicia y Paz, lo que quiere decir que deberá confesar hechos relacionados con el computador, como los que hablan de la financiación de campañas políticas de congresistas con dineros de 'Jorge 40'.

Por los datos del aparato, la Fiscalía ha detenido a cuatro diputados de Sucre y envió a la Corte Suprema de Justicia informes sobre los senadores Zulema Jattin, Dieb Maloof y David Char, como lo reveló ayer EL TIEMPO.

Si Flórez no quiere arriesgarse a perder los beneficios de Justicia y Paz deberá delatar todas las acciones ilegales en las que participó. La pregunta es qué tanto contará sobre los políticos y miembros de la Fuerza Pública que aparecen en el computador.

Ayer, el senador Char le dijo al Canal Caracol que la Corte no ha hallado indicios para investigarlo.
Por su parte, Alfredo Arraut, ex alcalde de Soledad (Atlántico), salpicado por las averiguaciones, dijo que esa versión no tiene sentido porque el fue perseguido por los 'paras'.

'Que confiese'

"La Fiscalía espera que Ignacio Flórez se ratifique en su intención de llegar a Justicia y Paz, pero tendrá que confesar y colaborar con las investigaciones".Es la explicación de uno de los investigadores de la Fiscalía.

Habla el magistrado Álvaro Pérez

¿Tatiana Moreno fue su magistrada auxiliar?

Sí. Pero se retiró hace rato. Yo la invité a trabajar conmigo por un tiempo, ella pidió una licencia pero ya regresó a la Procuraduría.

¿No es incómodo que ella esté mencionada en expedientes 'paras' y que haya sido auxiliar del magistrado que investiga varios de estos casos?

No le veo nada de extraño. Cuando yo estaba buscando un magistrado auxiliar por un tiempo, me dijeron que era muy buena, que trabajaba en la Procuraduría y yo la conocía de vista. Le hice entrevista a tres personas y la escogí a ella pero sin tener en cuenta absolutamente nada de eso.

¿Ella tuvo que ver con la investigación al senador García Romero?

Absolutamente nada. Cuando formularon la denuncia me correspondió a mí por reparto y yo hice un reparto interno con mis magistrados auxiliares, pero no le correspondió a ella.

¿Pero ella aparece mencionada en el caso?

No es cierto. No hay nada contra la doctora Tatiana. Conozco ese expediente de cabo a rabo porque me tocó adelantar todas las diligencias iniciales. Luego ese caso se unió a otros y está siendo estudiado magistrado por magistrado.

¿Cuándo llegó Moreno?

La denuncia llegó en junio del 2005 y empezamos la investigación un mes después. La doctora Tatiana llegó como a principios del 2005 y se fue como a finales de año pasado. No se pongan a atar cabos indebidamente. Me parece injusto con ella.

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DESAPARECE TESTIGO CLAVE

Eduardo Restrepo, considerado hombre cercano al capo del Valle Wílber Varela, fue capturado en julio por la Dijín.

Se trata de D'isidoro Vera, sobre cuyo paradero las autoridades no tienen aún ninguna explicación. Algunos investigadores se mostraron preocupados por esa situación.

"Él estaba en permanente contacto con los investigadores, nos reportaba cómo y dónde estaba, pero desapareció y no sabemos qué pasó con él", explicó uno de los hombres asignados al caso.
De acuerdo con los investigadores, Vera iba a entregar nueva información, esta vez relacionada con empresas fachada del narcotráfico.

Este hombre inicialmente estuvo en el programa de Protección a Testigos, pero al parecer por contradicciones en sus versiones fue retirado. Sin embargo, los investigadores continúan evaluando su testimonio sobre Eduardo Restrepo, también conocido con el alias de 'El Socio', y esperaban nuevas declaraciones en este caso.

Vera, involucrado en un incidente de porte ilegal de armas, decidió colaborar con la justicia y entregar información confidencial sobre la organización de 'El Soio', señalado capo del Tolima, capturado el pasado 25 de julio y pedido en extradición por Estados Unidos.

Vera fue la persona que entregó la llamada 'nómina' de 'El Socio', en la que figuran más de un centenar de nombres de políticos, modelos, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios judiciales, entre otros.

La Fiscalía ha compulsado copias de los nombres de congresistas a la Corte Suprema, pero el tribunal no ha encontrado mérito para abrirles investigación.

Además de la lista, suministró rutas y mapas, según él, que utilizaba el cartel de Restrepo para el tráfico de drogas.

Las hipótesis sobre su paradero son tan variadas como inciertas. Algunos creen que pudo haber sido asesinado y otros, que abandonó el país.

Restrepo negó conocerlo

En sus declaraciones, Vera aseguró ser escolta de la organización y dijo que fue asignado para proteger a una de las hijas de Restrepo.

Explicó que tras el asesinato de Juan Carlos Gastelblanco, el 'Pecoso' (9 de septiembre de 2004) uno de los hombres más cercanos a 'El Socio', fue recogiendo información confidencial de las actividades del grupo. Aseguró ser una persona muy cercana al 'Pecoso'.

El día del crimen del 'Pecoso', en Ibagué, las autoridades le encontraron una agenda detallada sobre reuniones, pagos y encuentros de 'El Socio'.

En una entrevista a este diario, Restrepo negó conocer a Vera.

"Es la persona que hace afirmaciones falsas como la decir que era chofer de una de mis hijas, al momento que la justicia le preguntó que describiera a mi hija realizó una descripción falsa", indicó Restrepo desde la penitenciaría en Cómbita (Boyacá) donde permanece recluido.

Restrepo tiene un pedido de extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

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Octubre 2 de 2006

Sindicatos cuestionaron cifras divulgadas por el Dane en materia de desempleo

Pese a que la economía colombiana sigue creciendo, el desempleo no cede.

Señalaron que a pesar de ser altas, no reflejan la realidad, que hoy es peor.

Julio Roberto Gómez, secretario de la Central General de Trabajadores, CGT, dijo que el panorama es desolador al observar además el dramático aumento en el subempleo pues "aunque el gobierno mide como trabajadores a quienes hoy están en el rebusque en los semáforos", este no es empleo digno.

Para el dirigente sindical, "si no hay una política de empleo, el país tendrá mayores dificultades de desarrollo social, seguridad, y cada vez se hará mas inviable". Por eso, pidió buscar soluciones prontas.

Las cifras del Dane

Las cifras divulgadas por el Dane revelan que 256.000 colombianos más entraron a la fila de los desempleados.

La tasa de desocupación para el nivel nacional, en agosto, se situó en 12,9 por ciento, frente a 11,3 por ciento de agosto de 2005. En otras palabras, siguen buscando empleo sin encontrarlo 2.565.000 personas.

Completando la crítica situación en agosto, el subempleo se disparó. La tasa que estaba en 32,5 por ciento en agosto de 2005 subió a 37,7 por ciento, informó el Dane.

Como quien dice, el número de subempleados creció en 984.000 personas. Al mismo tiempo, y de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares, en agosto se registró una caída en la ocupación del país. La tasa de ocupación fue de 49,7 por ciento, frente a 57,1 por ciento en el mismo mes del año pasado.

Esto significa que cayó el registro de ocupados en 658.000 personas. Ahora bien, el desempleo fue especialmente duro con el sector agropecuario.

La tasa de desempleo rural para el trimestre junio-agosto fue de 8,3 por ciento, frente a 6,7 por ciento que había presentado en igual período del año pasado, según el Dane.

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Sucesos en televisión

RICARDO CHICA, ESPECIAL PARA REVISTA VIERNES -

Los noticieros nacionales de televisión manejan una agenda que, en general, se refiere a dos grandes tópicos. De una parte están las noticias nacionales y de otra, las noticias internacionales. Estas últimas pueden categorizarse con una palabra clave: el terrorismo.

De manera, pues, que dicha agenda noticiosa está condicionada por un marcado referente ideológico, que caracteriza nuestros tiempos, el cual emerge desde las políticas de extrema derecha y su justificación a partir de la caída de las torres gemelas.

Se trata de una política que privilegia la seguridad por encima de la libertad, pero, en el fondo lo que se asegura son los grandes intereses particulares de ciertas empresas, de ciertos grupos políticos, pues, lo que está en juego es nada más, ni nada menos que el control por la energía que se produce en la tierra: los combustibles fósiles, principalmente.

De manera que la palabra clave “terrorismo” permea los lenguajes de todos los periodistas y de todas las agendas noticiosas de todo el planeta. Se constituye, entonces en un paradigma que subyace en cualquier noticia que se genere en cualquier punto del globo.

Si hay una sublevación de presos en Guatemala, si hay una manifestación política de detractores del régimen en La Habana, si hay un golpe de estado en un lejano país asiático, si hay una advertencias de atentados por parte de la embajada de los Estados Unidos, si hay un puñado de columnistas señalando las injusticias del gobierno, si hay compra inusitada de armas por parte de una nación soberana, si hay protestas callejeras contra el TLC, o de los mototaxistas.

Cualquier expresión de la inconformidad se ve perfilada por la mencionada palabreja. O, en otros términos, cualquiera que no ajuste sus ideas y sus comportamientos a lo establecido puede ser catalogado de terrorista. Mala cosa.

La gran agenda noticiosa de temas nacionales está orientada, a su vez, por dos grandes tópicos. De una parte está el conflicto armado y el narcotráfico y, de otra, “lo que ocurre” en las ciudades y pueblos de Colombia.

Hay grandes temas que se perfilan por sí solos: las elecciones de cualquier índole, por ejemplo. O el proceso de paz con las Autodefensas. Pero, hablemos de “lo que ocurre”. En mi opinión se trata del transcurrir de la vida de la nación.

La pregunta es: ¿Con qué criterios y quién decide “qué ocurre” en la Colombia noticiosa – televisiva? Las violaciones a niños y niñas, las excomuniones, los atracos, los secuestros, los homicidios, los robos de bebés, las tragedias viales, los siniestros, las intoxicaciones, el maltrato y la violencia intrafamiliar, las inclemencias del clima, los excesos de la fuerza pública, los falsos positivos, la brujería institucional: y todo aquello que constituye el desbarrancadero en que estamos metidos.

Por ahora, no tengo manera sistemática y formal de demostrarlo, pero, quién decide “qué nos ocurre” son dueños de medios y periodistas que le temen al poder o están al servicio de él. Estos últimos son mayoría y, es así, porque estamos en un país hambriento y en guerra.

Por tanto nadie quiere perder su puesto y mucho menos que lo maten. Ahora vamos al “qué ocurre”. Lo que ocurre en nuestro país es el miedo y la desesperación, las noticias dan cuenta de ello. La estrategia noticiosa consiste en abrumarnos con tal cantidad información que finalmente nos aturdimos y es poco lo que comprendemos.

Es decir, sabemos que algo nos pasa, pero no exactamente qué. En semejante estado, somos vulnerables a lo que sea, cualquiera hace con nosotros lo que quiere. De manera que manda quien tenga más poder de intimidación, tenga uniforme o no.

Tenga un arma o no. Tenga poder de amenaza o no. La estrategia noticiosa se complementa con la fiesta, lo ligero, el chisme.

El periodismo light.

De un tiempo para acá, ciertas noticias generadas en Cartagena han llegado a la agenda nacional. El asesinato de un vendedor de fritos en un bus, a manos de hinchas de fútbol. Las imágenes de un hombre que, puñal en mano, perseguía a jugadores y asistentes a un partido de barrio.

Estragos de pandilleros en la ciudad. El paro de los mototaxistas. Son noticias propias de la página de “Sucesos” de El Universal. Son noticias esporádicas en el concierto nacional, pues, nuestra ciudad se asocia con la sección light de los noticieros.

Pero lo anterior anuncia cierto fenómeno: nuestros “sucesos” están saltando del periódico a la televisión nacional. Y si todas las telenovelas cuentan la historia de gente que sale de pobre y termina bien casada, las noticias cuentan que la gente por plata hace lo que sea. Lo que sea. Eso es, entre otras cosas, “lo que nos ocurre”.

ricardo_chica@hotmail.com
01 de Octubre de 2006
Fiscalía envía a Corte Suprema archivos que probarían nexos de tres senadores más con paramilitares

Foto: Archivo-EL TIEMPO
Unos 2.500 'paras' del 'Bloque Norte', el grupo de 'Jorge 40', se desmovilizaron en marzo, antes de las parlamentarias.
Se trata de Zulema Jattin, del partido de 'la U'; Dieb Maloof, de Colombia Viva, y David Char, de Cambio Radical.
Los archivos fueron encontrados en el computador decomisado a Ignacio Fierro, 'don Antonio', uno de los hombres más poderosos del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y mano derecha de Rodrigo Tovar, 'Jorge 40'.
La Corte Suprema determinará finalmente si los congresistas han cometido algún delito.
Este es el más reciente capítulo de los secretos que este aparato guarda sobre los lazos de los 'paras' y la política de la Costa Atlántica.
En los archivos, que estaban protegidos por sofisticados sistemas de encriptación, los 'paras' dicen que "apoyaron" a estos senadores en las pasadas elecciones al Congreso. Sus nombres están en una lista de políticos que supuestamente recibieron dineros de 'Jorge 40', detenido en Valledupar.
Uno de los investigadores explicó a EL TIEMPO que los tres senadores son mencionados "con familiaridad: Se refieren a ellos como apoyos para la organización, colaboradores y parte de sus fichas clave en la política del país, en concreto del Congreso".
Pero ellos no son los únicos políticos que aparecen en el computador, el cual va camino de originar un cataclismo en la política de la región.
El pasado martes, las pesquisas por la información encontrada en el aparato produjeron los primeros resultados: el CTI capturó a cuatro diputados de la Asamblea de Sucre por presuntos nexos con los 'paras'. Dos de ellos son del grupo del senador Álvaro García Romero, que desde el año pasado es investigado en la Corte por los mismos hechos.
El ex gobernador de Sucre Salvador Arana, jefe político de uno de los diputados detenidos en ese departamento, es mencionado en los archivos de '40' como "una persona cercana a la organización y beneficiaria de los paramilitares", explica el investigador. Alfredo Arraut, ex alcalde de Soledad (Atlántico), sería clave, según los investigadores, en el manejo de contratos públicos que resultaron en las arcas de las Auc.
Congresistas rechazan señalamientos
Al ser consultado, Arraut dijo: "El hecho de que aparezca en ese computador no significa que pertenezca a los paramilitares. Fui víctima de las Auc, me amenazaron y tuve que esconderme 9 meses".
Añadió que denunció esas intimidaciones, en las que era señalado de guerrillero, ante las autoridades y que un jerarca de la Iglesia tuvo que mediar ante los 'paras' para que no lo asesinaran. La Fiscalía también halló datos sobre contratos, casi todos en el área de la salud en Atlántico, en los que habría intervenido el senador Char.
Este diario intentó comunicarse con los políticos mencionados, pero solo fue posible hablar con Maloof y Jattin.
El senador Maloof, quien fue expulsado de 'la U' en marzo, tras versiones sobre una supuesta reunión de 'Jorge 40' con políticos en la que él habría estado, dijo que su nombre saldrá limpio de la investigación.
"Es falso, es una especulación -indicó- , puedo asegurar por mi familia y mis hijos que no tengo nada que ver. Más que decir esas cosas, la Fiscalía debería aclarar todo, para que esto se acabe de una vez por todas. Tengo mi conciencia tranquila".
Por su parte Jattin indicó: "Desde 1998 la mayor votación mía ha estado en Córdoba y, que yo sepa, ese señor nunca ha tenido influencia política allí. No tengo ningún vínculo con las autodefensas en ninguna región y, es más, fui secuestrada por ellas. En el 2000 y 2002 obstaculizaron la campaña de quienes no simpatizábamos con ellas".
Además de políticos, en el computador aparecen supuestos pagos a miembros de la Fuerza Pública y funcionarios públicos. El aparato fue incautado en abril pasado, en la operación de captura de 'don Antonio'.
Paramilitares grabaron a diputados
De otro lado, los diputados detenidos esta semana-Ángel Villareal, Nelson Stanp, Walberto Estrada y Jhonny Villa- no solo tienen en contra su aparición en archivos escritos del computador.
La Fiscalía encontró grabaciones, hechas por los propios 'paras' y guardadas en las memorias, en las que ellos hablan con gente de las Auc. ¿El tema? La financiación para sus campañas y la manera como devolverían los favores a través de contratos.
"No se preocupen que todo está listo, no les vamos a quedar mal", les dice un diputado a los 'paras' por vía telefónica. "Vamos a estar pendientes, recuerden lo de los acuerdos", responde 'Jorge 40'.
El rastro de Auc en política de la Costa
Aunque el computador de 'don Antonio', la mano derecha del líder paramilitar Rodrigo Tovar, 'Jorge 40', es tal vez la mayor fuente de información sobre los alcances de la infiltración de las Auc en la Costa Atlántica, allí la influencia de las autodefensas es clara desde hace por lo menos una década.
En las elecciones parlamentarias del 2002 y las regionales del 2003 fue mucho más evidente.
León Valencia, director de la Fundación Nuevo Arcoiris, recuerda que las votaciones "cambiaron el mapa político en muchas zonas sin una razón aparente", salvo la influencia de los paramilitares. Eso habría pasado en al menos 180 municipios de 11 departamentos.
La investigación de Nuevo Arcoiris, basada en los resultados, encontró rastros extraños en la elección de 29 senadores y de sus respectivas fórmulas a la Cámara.
En Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre y Antioquia hubo candidatos que sacaron hasta el 96 por ciento de los votos de algunos municipios. Incluso en aquellos donde nunca hicieron campaña.Lo propio pasó en las regionales del año siguiente. En Sucre, una autoridad del departamento llegó a reconocer que de los 23 alcaldes, 14 tenían vínculos con los 'paras' y que el resto era influenciable por presiones y amenazas.
La detención de cuatro diputados, esta semana, por estar en la nómina del desmovilizado jefe paramilitar 'Jorge 40' confirma que la infiltración llegó a todas las esferas.
En Cesar y Magdalena, copados a sangre y fuego por el 'Bloque Norte', hubo candidatos únicos a la gobernación y denuncias sobre presión armada para forzar el retiro de otros aspirantes.
Y en Córdoba, la 'cuna' de las Autodefensas Unidas de Colombia, los señalamientos por presuntos nexos con los paramilitares no han dejado limpia ninguna institución: al gobernador Libardo López lo acusaron de nombrar en una de sus secretarías a un recomendado de Mancuso.
Los senadores Juan Manuel López y Miguel de La Espriella, dos de los barones electorales del departamento, se acusaron mutuamente de ser cercanos a los 'paras'.
Y el candidato de De la Espriella para las elecciones atípicas de gobernador, que se cayeron por una tutela, fue Mario Prada Cobos, primo de 'Diego Vecino', jefe de los paramilitares de los Montes de María.
En correos admiten crimen del profesor Correa
"Cumplida la orden comandante, se hizo la vuelta del profesor". Este es uno de los apartes de una de las páginas más macabras que han descubierto los investigadores en el computador de 'Jorge 40'.
En el texto, los 'paras' se refieren al asesinato del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, ocurrido el 17 de septiembre del 2004 en Barranquilla y que provocó gran conmoción en el ámbito académico del país.
Ese día, dos sicarios, en moto, lo acribillaron en la calle junto con su escolta Edward Ochoa Martínez.
Tres meses antes, el profesor había sido detenido por testimonios de reinsertados que lo señalaban de ser guerrillero. Sin embargo, la Fiscalía un mes después lo dejó libre al no encontrar ninguna prueba de dichas acusaciones.
Pero según lo que se lee en los mensajes del computador, esa fue la excusa que sacó 'Jorge 40' para ordenar acabar con su vida.
En el texto del portátil, los 'paras', al reportar a su 'comandante' sobre el asesinato, se refieren al profesor como un guerrillero que estaba perjudicando a la organización, desde las aulas de la universidad, y en particular, sugieren, después de haber recobrado su libertad.
El nombre de Correa de Andreis no era el único en la página. Aparecen los reportes de otros sindicalistas y líderes de izquierda que cayeron por las balas de los paramilitares, según ellos, por ir en contravía de su organización. Esto está siendo valorado por los investigadores.
Por ahora, la Fiscalía encontró suficientes evidencias para sindicar a 'Jorge 40' y a su mano derecha Edgar Ignacio Fierro Flórez, 'don Antonio', como los autores intelectuales del asesinato del profesor y les inició un proceso por homicidio. Los dos serán escuchados por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
Pero no es la primera vez que aparecen los 'paras' como los responsables de la muerte de Correa de Andreis.
El polémico ex jefe de informática del DAS Rafael García -hoy detenido- aseguró que el ex director del DAS Jorge Noguera y otros tres ex funcionarios estarían comprometidos en una campaña de exterminio de sindicalistas y líderes de izquierda realizada por los 'paras' en el Atlántico desde el 2002. En esa llamada 'lista negra', García dice que estaba Correa. Noguera ha desmentido estas acusaciones.
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21 Comentarios
21. Por uzi - DOM 01 OCT 2006 06:34 AM.
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Huy me ocultaron mi mensaje, solo porque dije que los congresistas o son paras o son guerrillos, pero todos son como los bananos. no hay ni uno derecho.
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Que porqueria de congreso el que tenemos. La presidente parece una puta vieja y todos los demas son paracos o guerrillos. Estamos jodidos y nos lo merecemos. Sigamos votando por ellos que asi vamos muy bien
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19. Por Converguenza - DOM 01 OCT 2006 05:57 AM.

Converguenza: Mancuso y Baez dijeron que era el 35% en el congreso (camara y senado). Otros afirman que llega AL 45%, Si apenas aparecen tres, que tanto faltan?. ES un problema de regla de tres simple directa. Hay que buscar a Einsten par que nos diga la respuesta. Sobre esto es mejor abstenerse de comentar ya ustedes saben porque. Después van aparaciendo: Chontaduro, horacioenrique y otros por ahí voltiaos y nadie sabe nada.
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18. Por chontaduro12 - DOM 01 OCT 2006 05:23 AM.

Ahora que nos diran los Uribista, que estos son casos aislados, Noguera dira que es persecusion politica, y el presidente defendera a Noguera, y gritara que la prensa no debe juzgar apriori, que la prensa no puede remplazar la justicia, dira tambien que ellos- losp oliticos en mencion- fueron expulsados, pero negara que en el senado se los busco para aprobar los proyectos uribistas, ect, en fin les adelante el menu de noticias del lunes y el martes....................

Abatidos presuntos guerrilleros en Puerto Libertador

Un cruento combate que lleva más 48 horas sobre el sur de La India, corregimiento del municipio de Puerto Libertador (Córdoba) entre tropas adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército con guerrilleros del frente 18 de las Farc deja como resultado hasta el momento tres milicianos muertos.

Según voceros de la Brigada XI, luego de labores de inteligencia se ha podido establecer que las bajas superan los 10 terroristas del frente 18 de las Farc cuyo cabecilla es Alfredo Alarcón Machado, alias “Román Ruiz”, quien es uno de los principales objetivos militares.

TRES PRESUNTOS GUERRILLEROS dados de baja en zona rural de Puerto Libertador.

En este hecho se logró recuperar abundante material de guerra e intendencia, entre los que se destacan: cuatro fusiles Galil 7,62 mm, cuatro proveedores, 121 cartuchos, una granada de mano y 126 boinas negras que sólo la usan aquellos terroristas que tienen un entrenamiento especial.

Las tropas de la Brigada Once recibieron apoyo aéreo táctico por parte de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que trasladó hasta el lugar de los combates el helicóptero Arpía y el avión AC47 (más conocido como “Fantasma”).

De acuerdo a los documentos de interés para la inteligencia militar se pudo concluir que las pretensiones de esta organización narcoterrorista iba encaminada a incursionar en la zona para atentar contra la población civil, lo cual se evitó por el accionar decidido y oportuno de las tropas.
En total son 300 hombres de los Batallones de Infantería No. 31 “Rifles” y Contraguerrillas No.
81 “Capitán Antonio María Caballero” los que vienen neutralizando la pretendida acción terrorista, pero aún se continúan presentando enfrentamientos interrumpidos.

La posición estratégica de las tropas de la Brigada XI ha garantizado que se haya interrumpido las pretensiones terroristas de retomar áreas abandonadas por las Autodefensas; al tiempo que decididamente

12 cuerpos fueron hallados en fosas comunes descubiertas en la Sierra Nevada de Santa Marta

Septiembre 26 de 2006

Los cadáveres, de campesinos que se encontraban desaparecidos, fueron reconocidos por sus familiares, pero las autoridades no dieron a conocer sus nombres.

Las exhumaciones se realizaron en Bellavista, Sierra Negra, Santa Clara, y Sacramento, zona rural de Fundación (Magdalena).El Magdalena es uno de los departamentos donde se han realizado más exhumaciones de cuerpos torturados por los grupos armados en el 2006.

Hasta julio pasado, el DAS había reportado 46, la mayoría de ellas en el sector de la zona Bananera. El Grupo de Criminalística y Derechos Humanos había hallado hace dos meses 10 fosas comunes en Fundación, de las que se exhumaron igual número de cadáveres.

Otras cinco fosas fueron ubicadas en el corregimiento de Soplador (Zona Bananera), en las que se encontraron seis cadáveres.Según la comunidad, los homicidios fueron ordenados por José Mangones, alias 'Carlos Tijera', del frente William Rivas de las Auc, capturado el 23 de julio de
2005.

SANTA MARTA

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27 de septiembre de 2006

Senador y ex gobernador de Sucre, salpicados por captura de diputados vinculados con 'Jorge 40'

Tres de los cuatro diputados detenidos por estar en la nómina de los paramilitares son fichas del senador Álvaro García Romero y del ex gobernador Salvador Arana.

De la mano de García, uno de los parlamentarios investigados por la Corte Suprema de Justicia por supuestos vínculos con los 'paras', consiguió el diputado Nelson Stanp en el 2003 una sorpresiva votación para la Asamblea.

Quienes lo conocen sostienen que Stanp, después de estudiar derecho en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, se fue a San Onofre, su pueblo, a realizar el año de judicatura y entonces estableció relaciones políticas con García. Allí lo señalan de reunirse, siendo presidente de la Asamblea, con Rodrigo Mercado ('Cadena') y 'Diego Vecino', los jefes de las bandas paramilitares que actuaban en el departamento, para discutir temas administrativos y políticos.

Agregan que en el último año se había convertido en el líder de una nueva generación de políticos sucreños que, tras la desaparición de 'Cadena', se acercó a Jorge 40.El diputado Ángel Daniel Villarreal también es hombre de García y logró una importante votación en las elecciones regionales del 2003.

Su nombre y el de Stanp aparecen mencionados en reportes de inteligencia de la Armada Nacional sobre políticos que supuestamente trabajaban con los 'paras' de 'Cadena'. Esas informaciones fueron recogidas por la Armada en varios allanamientos ordenados por la fiscal Yolanda Paternina, quien investigaba las masacres en esa región y que fue asesinada por la gente de 'Cadena'.

En el departamento hay una tormenta política porque la detención de los cuatro diputados, a los que la Fiscalía acusa de concierto para delinquir -'colaboración con el 'Bloque Norte' , según el fiscal Mario Iguarán- podría terminar por enredar a pesos pesados de la política regional.

El liberal Jhonny Guillermo Villa Uparela, otro de los diputados detenidos, es ficha del ex gobernador de Sucre y ex embajador Salvador Arana Sus, también investigado por presuntos nexos con 'paras'.García Romero, Arana y otros dirigentes de Sucre fueron acusados por el parlamentario Gustavo Petro en un debate sobre paramilitarismo realizado el año pasado en el Congreso.

Las denuncias del entonces representante originaron la investigación que la Corte Suprema adelanta contra García Romero.Ayer, EL TIEMPO intentó comunicarse con García y Arana, pero no fue posible.

'Jorge 40' , a confesar nexos con políticos

Investigación a cargo de magistrados de Justicia y Paz

El tema de la infiltración 'para' en la política y la administración pública de varios departamentos será investigado por los fiscales de Justicia y Paz que en las próximas semanas empezarán los procesos contra cerca de 2.500 paramilitares.

Habrá acumulación jurídica de procesos contra 'Jorge 40'

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL TIEMPO que una vez 'Jorge 40' ratifique su decisión de acogerse a la Ley, todos los procesos que se siguen en su contra pasarán a la nueva jurisdicción, para la acumulación jurídica de procesos.

Manejó ARS y definió candidatos desde 2002

Además de masacres, asesinatos, desplazamientos y narcotráfico, contra el jefe del 'Bloque Norte' se siguen procesos por la infiltración de ARS y por la abierta interferencia en la política regional, especialmente en Cesar, La Guajira y Magdalena, desde el 2002.Si no colabora o si miente, perderá los beneficios jurídicos

Si '40' quiere recibir los beneficios de penas alternativas -hasta 8 años de cárcel en vez de los 40 o 60 años de las penas normales- tendrá que confesar toda la verdad y colaborar con los fiscales. Si miente, pasará a la justicia ordinaria.

García, un senador misterioso

Álvaro García es uno de los senadores más enigmáticos del Congreso. Poco interviene, su asistencia es escasa y sus relaciones con la prensa son nulas.

Jefe político en Sucre, los últimos doce años ha logrado influir en la elección del gobernador de ese departamento, uno de los más atrasados y afectados por el fenómeno paramilitar.

García es considerado como un senador impredecible. "Nunca se sabe cómo va a votar y si se va a voltear", dice uno de sus colegas, quien prefiere reservar su nombre.

En el pasado Congreso se le recuerda por haber sido blanco del duro debate promovido por Gustavo Petro. En Sucre, los paramilitares cometieron algunas de las masacres más graves que recuerde el país, como las de Chengue y Macayepo, y el parlamentario del Polo cuestionó a García por colaborar con los responsables de esas matanzas.

En las pasadas elecciones tuvo problemas para encontrar grupo político, pero fue elegido.

Además de tener poder en su departamento, su hermano 'Juancho' García fue senador con votos de Bolívar. Ahora esa curul la ocupa su cuñada, Piedad Zuccardi.

Límites a las requisas que practica la Policía impuso la Corte Constitucional

El tribunal señaló que estas inspecciones no pueden violar la intimidad de las personas, así que se deben evitar los contactos indignantes.

El tema fue objeto de intenso debate en la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional algunas expresiones sobre esta función de Policía contenida en el Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del 2004.

Los magistrados, reunidos en sala plena, estudiaron varias demandas contra el artículo 208 de ese código que delimita las funciones de policía en lo que se refiere a registros a personas y vehículos, entre otros.

La Corte declaró inexequible la expresión "inspección corporal y otras diligencias similares", que aparece en el citado artículo. El alto tribunal aclaró que esta actividad no consiste solo en una simple revisión superficial, sino en una intervención sobre el cuerpo de las personas, que conlleva el riesgo de contactos indignantes y exploración, a veces mediante la introducción de instrumental médico o sondas.

"En este caso, es evidente que se presenta una grave invasión sobre los derechos de las personas sometidas a este procedimiento, por lo cual es indispensable contar con la previa autorización judicial", sostiene la Corte Constitucional en su fallo. Los magistrados precisaron que si aún en desarrollo de una investigación penal hay limitaciones para realizar este tipo de inspecciones corporales (como tener una orden judicial), esta actividad no puede dejarse en manos de la Policía durante su función de prevención del delito.

En el mismo fallo, la Corte Constitucional también declaró exequible la expresión "registro personal", pero aclaró que debe ser una revisión "externa y superficial" de las personas. Igualmente, declaró exequible la expresión "registro de vehículos", pues -según los magistrados- corresponde a medidas preventivas.

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Los rostros de las fosas comunes

Mientras los desmovilizados de las AUC se preparan para resolver sus cuentas con la Ley de Justicia y Paz, sus muertos, que hoy reposan en decenas de fosas comunes en todo el país, esperan ser identificados y ser honrados por sus dolientes.

Por Andrea Peña

A mediados de febrero, la Fiscalía encontró 21 cadáveres en fosas comunes en tres veredas de Ciénaga, en el Magdalena. Durante los dos meses siguientes, otros 40 cuerpos fueron hallados en varias fosas en San Onofre, departamento de Sucre. Por la misma fecha, las autoridades descubrieron 29 cuerpos más en El Catatumbo, Norte de Santander.

Hace dos semanas, un desmovilizado denunció que había unos 800 cuerpos enterrados en el Urabá antioqueño. Y hace tres días, 15 cuerpos fueron encontrados en San Miguel, en el Putumayo.

La lista continúa, hay fosas comunes en toda Colombia y los cadáveres encontrados en el último año pueden ser más de 1.500, la mayoría víctimas de los 30 mil integrantes de las AUC que se desmovilizaron en los últimos tres años.

Según los investigadores que han hecho los hallazgos, los restos óseos son de colombianos que fueron secuestrados, torturados y finalmente masacrados, hecho que evidencia los crímenes atroces que han cometido las autodefensas en las últimas décadas.

El Gobierno sabía que esta “avalancha” de apariciones iba a llegar. Tras la firma del acuerdo de Santa Fe Ralito en 2003 y la aprobación de la ley de Justicia y Paz, los desmovilizados, la red de cooperantes, los pobladores y las autoridades comenzaron a develar los sitios donde jefes ‘paras’ como Mancuso, el Alemán y Jorge 40 ordenaron enterrar a sus muertos.

Sin embargo, la realidad los ha desbordado.

Ya está listo el primer borrador del “Proyecto de identificación de restos óseos recuperados en fosas comunes”, un plan que adelanta la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General y Medicina Legal, y que cuesta 1.829 millones de pesos. Con este dinero se espera “desenterrar” gran parte de la verdad que, muy posiblemente, los paramilitares nunca van a confesar

A medida que los cadáveres han ido apareciendo, dependiendo de la zona en la que se encuentran, se llevan a la morgue más cercana (donde se realizan las necropsias) o a uno de los cinco cuartos fríos (donde se conservan los cadáveres) que existen en las principales ciudades.

Por ejemplo, los restos que aparecieron en San Onofre deberían ser llevados al cuarto frío de Barranquilla, pero no hay el espacio ni el personal suficiente para trasladarlos y hacer las respectivas prácticas forenses.

Entonces, se quedaron en la morgue. Cuando las morgues se llenan, vuelven a enterrar los cuerpos en fosas comunes donde permanecen cinco años a la espera de que alguien los identifique y los reclame.

En el caso de Urabá antioqueño, donde un desmovilizado denunció que había unos 800 cuerpos enterrados, no ha habido ni el personal, ni los equipos necesarios para que una comisión judicial vaya hasta el lugar a hacer el procedimiento requerido.

Siguen enterrados

José Vicente Rodríguez, coordinador del laboratorio de antropología forense de la Universidad Nacional, explica que si se logra ubicar el sitio exacto donde están las fosas comunes, hay que hacer una excavación especial, ya que no siempre se encuentran en campo abierto. “La exhumación requiere del trabajo de antropólogos forenses y en el país son pocos los que hay.

SEMANA.COM estableció que en Medicina Legal hay solo tres y en total en todas las entidades oficiales no hay más de 15.

Luego se deben especificar las características físicas y dentales del cadáver, después rastrear el lugar de donde desapareció, dónde lo vieron por última vez, qué elementos particulares llevaba, etc. y, por último, cruzar esta información con una base de datos de desaparecidos”, aseguró el experto.

Agrega que, incluso, se pueden llegar a necesitar estaciones satelitales con las que, través de unas ondas, se detectan las fosas. “Eso toma tiempo y dinero”, dice. Aunque Rodríguez sostiene que los restos óseos tienen una descomposición lenta y no significan una amenaza directa para la comunidad (a menos que atraigan chulos, ratas o insectos portadores de enfermedades), la emergencia puede venir si se acumulan muchos restos y no se evacuan a tiempo.

Aunque Colombia cuenta con uno de los cuartos fríos más grandes de América Latina en Bogotá, cuenta con la única maestría de antropología forense en la región y existe la capacidad para resolver emergencias, claramente no tienen la infraestructura necesaria para atender los casos que se vienen con los procesos de justicia y paz.

Por esa razón, y porque mientras no se identifiquen a los muertos, las víctimas seguirán en la incertidumbre de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos, el Gobierno se dio a la tarea de crear un proyecto que, dependiendo de los aportes económicos que haga la comunidad internacional, podría estar en marcha a comienzos del próximo año.

El proyecto Ya está listo el primer borrador del “Proyecto de identificación de restos óseos recuperados en fosas comunes”, un plan que adelanta la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General y Medicina Legal, y que cuesta 1.829 millones de pesos.


Con este dinero se espera “desenterrar” gran parte de la verdad que, muy posiblemente, los paramilitares nunca van a confesar. El Vicepresidente Francisco Santos ya le presentó el proyecto a los países que harán sus aportes económicos. Muy seguramente, serán los mismos que han apoyado el proceso de paz con las autodefensas.


En principio, la plata se destinaría para pagar las comisiones judiciales (Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, entre otros) que irían hasta las zonas para hacer las inspecciones de las fosas comunes.

También se costeará la modernización de algunas morgues regionales y el laboratorio de antropología forense de Medicina Legal que hay en Bogotá, el más grande de Colombia que tiene capacidad para albergar 60 cadáveres.

Adicionalmente, se deberán pagar unos 10 expertos en medicina forense para esta entidad, otros 10 para el CTI de la Fiscalía y otros para el DAS, y comprar equipos y reactivos para hacer los estudios necesarios a los cadáveres.

Pero la solución no sólo está en trazar el proyecto y conseguir el dinero para invertirlo en tecnología. También está por resolverse cómo garantizar la seguridad de las comisiones que vayan hasta los entierros en zonas de orden público.

“El trabajo de campo requiere mucho cuidado porque es de arqueología, pero eso puede demorarse y por lo general, son zonas de orden público donde se encuentran las fosas comunes. Hay que ir con Policía, con el Ejército, pero eso no los excluye de un ataque de la guerrilla o de un secuestro, como ha sucedido muchas veces”, sostiene un médico forense de Medicina Legal.

Uno de los miembros de la Comisión Nacional de Reparación, encargada de definir los criterios de reparación a las víctimas, también habla del temor que sienten los familiares de las personas asesinadas para denunciar la desaparición de sus seres queridos.

“Les da miedo porque se sienten perseguidos, pero a la vez tienen un deseo profundo de encontrar a sus seres queridos. Si se demora el hallazgo y la identificación de las víctimas de los paramilitares, puede haber una emergencia social porque los dolientes pueden comenzar a presionar al Gobierno para que vayan a buscar a los desaparecidos en las fosas comunes”, dice la fuente. Máximo Alberto Duque, director de Medicina Legal, dice que ya tiene el hardware y varios equipos para organizar el Registro Único de Desaparecidos (ver nota relacionada) cuya información se podrá cruzar con los datos de los cadáveres de las fosas comunes.

“No quiero ser imprudente en dar una fecha, pero yo aspiro a que a comienzos del otro año ya estemos trabajando en todo esto”. Si este proyecto se hace realidad, 2007 será el año para desenterrar la verdad.

El hombre de los carteles que lanzaban a Pablo Escobar a la Presidencia

Septiembre 24 de 2006

Daniel Camelo es artista plástico de la Universidad Nacional. Su propuesta artística, que incluye camisetas con la consigna "Pablo Presidente".

Muchos pensaron que era el renacimiento de los extraditables, pero su creador, Daniel Camelo, reveló que es una acción artística y una crítica a la clase política.

El 2 de abril de este año, los medellinenses se despertaron con el recuerdo de su peor fantasma pegado en los muros de la ciudad: cientos de afiches con la cara de Pablo Escobar en tinta roja y el lema 'Soberanía e independencia', invitaban a votar para presidente por el mafioso muerto.

Seis días después, en el norte de Bogotá, las paredes dejaron ver los mismos carteles. Más se demoraron en pegarlos que las autoridades en ordenar su remoción, en medio de dudas de si las piezas eran una campaña en contra de la extradición o la aparición de un grupo al margen de la ley como los otrora extraditables, que encabezó el mismo Escobar. Pero ni lo uno ni lo otro.

Después de cinco meses de búsqueda, EL TIEMPO encontró al autor de los afiches. Resultó que no es extraditable ni capo de la mafia ni, menos, el sucesor de Escobar.

Se trata de Daniel Camelo, un bogotano de 29 años, egresado de artes plásticas de la Universidad Nacional en el 2005, que con tal de ejercer su derecho al arte empapeló las dos capitales con alrededor de 300 afiches.

¿Pablo presidente?

Camelo no se anda con rodeos: "Cuando la gente vio esto, debió tener un choque de valores en la cabeza. ¿Cómo así que Pablo Escobar presidente? -y agrega- ¡Pero si han votado por gente con la misma moral, más taimada y sucia que la de él!", sentencia.

Y claro que hubo choques. En Bogotá se convocó a un consejo de seguridad para buscar al autor. De otro lado, en Medellín, su personero, Jairo Herrán Vargas, dudaba: "Leemos esto de diferentes maneras. Una puede ser un grupo de extraditables que quiere generar zozobra y protestar por la extradición. También, que gente que guarda un buen recuerdo de las obras sociales que realizó Escobar los haya pegado para revivir su memoria o que alguien le esté jugando una mala pasada a la ciudad".

De todos modos los quitaron. Según el entonces secretario de Gobierno de Medellín y hoy candidato a la Alcaldía de esa ciudad, Alonso Salazar, los carteles, que estaban entre otros de obras de teatro y de certámentes culturales, fueron retirados por no tener los permisos para su exposición en el espacio público. Añadió que la acción no tuvo que ver con el contenido del mensaje y opinó que el de Escobar es un fantasma "que no queremos despertar".

Dormido o despierto, la imagen de Escobar en un cartel en la calle de la ciudad que lo vivió, lo padeció (y hasta lo quiso), justo antes de las elecciones) parece más un acto político que artístico.Camelo puntualiza: "Cualquier arte es, finalmente, una propuesta política. Pienso que el arte tiene que estar más cerca de la cultura".

Para algunos podrá parecer ofensivo y para otros, parte del arte. De todos modos Camelo defenderá su propuesta desde el próximo 19 de octubre en la galería Ganga de Bogotá. Allí no solo venderá sus afiches sino también una camiseta con la misma consigna: "Pablo presidente".

Arte o delito

Jairo Valenzuela, galerista Hay que darle estatus de obra artística dentro de los circuitos no tradicionales del arte.No puede tomarse como apología al delito. Lo importante es que haya cuestionamiento y el autor quiere que la gente de la calle vea el afiche, piense, reflexione y tome decisiones en torno a ese personaje que, para bien o mal, ha influenciado de manera tremenda. Pasa con otros como el Che Guevara que malo o bueno siempre será materia de reflexión.

Eduardo Serrano, crítico de arte Es una obra con humor. Como ser presidente después de muerto es un imposible, pienso que hay una sátira e ironía a la política en Colombia y a la idea de que él fue el benefactor de los más desfavorecidos. Lo veo como una crítica a la clase política y -sin conocer al autor- no le veo connotaciones negativas. Yo recuerdo obras de arte sobre Al Capone y otras acerca de Hitler, y son obras críticas.

'Los mismos que juzgan el narcotráfico se han enriquecido con él'

Daniel Camelo, autor del cartel que armó polémica antes de elecciones, dice por qué lo que hizo es una acción artística.

¿No es Pablo Escobar una vergüenza y un dolor para los colombianos, como para convertir su imagen en un objeto de arte?

Sí. Pero para mí lo que es una vergüenza es la gente que niega el narcotráfico cuando las campañas que los sustentan en el poder han sido financiadas directamente por él y la violencia. Los mismos que niegan, juzgan y proscriben el narcotráfico se han enriquecido con él.

¿Dónde está el arte?

En la posibilidad de que la gente vea el conflicto de una manera diferente. Cualquier obra de arte da una nueva visión del mundo. También es un trabajo plástico porque tiene una opción estética: un medio en el que es difundido y un contenido que permite ver las cosas de otra manera. Eso hicieron, por ejemplo, el impresionismo y Duchamp frente al problema del arte, que es el mismo siempre: el drama humano y la belleza, pero no la belleza estilo 'Barbie'.

¿Por qué eligió el cartel como medio expresivo?

Porque es el más público. Es una obra hecha para gente que nunca va entrar a una galería porque, sencillamente, no tiene idea qué pasa allá. Yo no estoy inaugurando nada nuevo en la plástica: carteles mejores que estos se pegan todos los días.

¿Y el eslogan soberanía e independencia?

Porque solo Pablo Escobar podía hablar de eso; él solo se rendía cuentas a sí mismo. Aquí todos los presidentes tienen que rendírselas a Washington.

¿Qué pensó cuando los quitaron de las calles?

Esperaba que pasara algo así, porque es negar que existe otra posibilidad de que Pablo se vea de otra manera.

¿Considera lo suyo un acto legal?

Esto no es ilegal. No tendría por qué serlo. Los políticos me pueden decir mañana que soy un terrorista, mientras que ellos están untados.

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Un testigo clave

¿Qué sabía un ex guerrillero de La Picota sobre los montajes de los atentados para que lo intentaran matar luego que buscó hablar con esta revista?

Nuevos indicios sobre un escándalo que estremeció al país.

Las piezas clave para establecer la verdad sobre los montajes de atentados terroristas en Bogotá están en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota. Se trata de un puñado de hombres que fueron testigos y protagonistas de uno de los episodios más escandalosos de los últimos tiempos.

Sus testimonios, hasta ahora desconocidos incluso para la propia Fiscalía, son contundentes y prometen ser fundamentales para aclarar lo que ocurrió. SEMANA habló con ellos. Sin embargo, desde que esta revista los buscó hace dos semanas comenzaron a ser amenazados, uno de ellos sufrió un atentado y se intentó impedir que hablaran con este semanario.

Sus testimonios no sólo se refieren a los montajes con carro bomba de Bogotá sino que denuncian que parte de las recientes desmovilizaciones de grupos de guerrilleros, en las que ha estado involucrado el Ejército, también tienen serias irregularidades.

La confusión

Apenas estalló el escándalo el comandante del Ejército, general Mario Montoya, leyó un comunicado en el que reconocía que posiblemente había militares involucrados en los montajes.

La semana pasada el vicefiscal general Jorge Armando Otálora confirmó que había pruebas para vincular a los militares en la investigación

Hasta ahora los protagonistas involucrados en este bochornoso episodio han quedado reducidos a 'Jessica', la guerrillera capturada, y dos oficiales del Ejército, quienes fueron señalados de participar en los montajes. Desde que estalló el escándalo, hace dos semanas, todo ha sido bastante confuso.

Esta es la hora en la que muy pocos se atreven a decir si hubo realmente montajes o si se trató de verdaderas operaciones antiterroristas efectuadas por el Ejército. A resolver las dudas que existen en la opinión pública muy poco han contribuido los bandazos del propio gobierno.

En un primer momento, el jueves 7 de septiembre, el comandante del Ejército, general Mario Montoya, aceptó públicamente que miembros de su institución podían estar involucrados en los montajes.

Un día después el fiscal general, Mario Iguarán, les bajó el tono a los señalamientos que indicaban que miembros del Ejército estarían involucrados en los falsos atentados y afirmó que no había pruebas en ese sentido.

Y unas 48 horas más tarde, el presidente Álvaro Uribe recogió la versión del Fiscal y manifestó su preocupación con las filtraciones a la prensa. Cuando en los últimos días todo parecía indicar que el gobierno, los militares y la propia Fiscalía no tenían pruebas que relacionaran a los militares con los supuestos montajes, el martes de la semana pasada el vicefiscal general, Jorge Armando Otálora, volvió a cambiar la versión.

Durante un debate en la comisión primera el funcionario reconoció que "sí hay evidencias en el caso de los militares involucrados en el caso de los presuntos atentados". El funcionario afirmó que la Fiscalía tenía "pruebas documentales, de video, testimoniales y de grabaciones".

A esas pruebas se suman ahora los testigos y testimonios obtenidos por SEMANA que evidencian que posiblemente los montajes no sólo se han limitado al episodio de los atentados en Bogotá sino a ciertas desmovilizaciones de frentes guerrilleros.

Desde la prisión Uno de los hombres con los que habló SEMANA se llama Farid Mota González. Tiene 36 años de edad. Durante seis fue parte de la guerrilla y militó en el frente 14 y en la Quinta compañía de la columna Teófilo Forero de las Farc. A comienzos de 2001 se acogió al programa de reinserción y empezó a colaborar con las autoridades.

Se convirtió en informante del DAS y como parte de esas labores suministró información muy valiosa para esa entidad, la cual fue clave durante la investigación del ataque terrorista al club El Nogal.

Hace dos años se fue para Granada, Cundinamarca. Allí "empecé a colaborarles a los paramilitares", según dijo a SEMANA. Cuando llevaba dos meses con los grupos de autodefensas fue capturado mientras guardaba en su vivienda varias pistolas.

Fue condenado a 42 meses de prisión. Purgó en la cárcel de Silvania la mayor parte de su condena y sorprendentemente a comienzos de junio pasado fue trasladado al pabellón de alta seguridad de La Picota. En menos de cuatro meses recobrará su libertad.

Su próxima salida, su buen comportamiento en la cárcel, su firme decisión de contar todo lo que sabe a la Fiscalía, aun corriendo el riesgo de autoincriminarse, le dan mucha credibilidad a su versión.

Aparte de esto, su testimonio coincide no sólo con el de otros detenidos en La Picota, entrevistados por SEMANA, que corroboran lo que contó Mota, sino que además algunas de sus afirmaciones concuerdan con aspectos fundamentales de la investigación que adelanta la Fiscalía.

"Una cosa es que hayan hecho los montajes, pero ahora que se descubrió el escándalo están planeando poner una casa bomba que sí explote, para taparlos. Y uno no puede dejar que esas cosas pasen", dijo Mota a SEMANA para explicar una de las razones que lo llevaron a contar lo que vivió y vio en La Picota.

La otra razón es que la semana pasada lo apuñalaron como una advertencia para que no hablara con SEMANA. ¿Pero qué sabe Mota?"A finales de marzo yo colaboré entregándole a un batallón de Sumapaz una caleta con varios kilos de Indugel, granadas y otro material de intendencia.

Resulta que parte de las barras de Indugel son las mismas que después aparecieron en el carro bomba de la avenida Boyacá con calle 53", contó Mota. El ex guerrillero acepta que no sólo se reunió con el mayor Javier Hermida y fue testigo de algunas de las conversaciones que el oficial sostuvo dentro de la cárcel con varios guerrilleros que están detenidos y hacen parte de la investigación por los montajes.

Mota también tiene los nombres y sabe cuál fue el papel que jugó en los montajes cada uno de los cuatro guerrilleros que están en La Picota y que también hacen parte de la investigación oficial del caso.

De igual forma conoció a los contactos que servían de enlace entre los guerrilleros dentro de la cárcel y los militares. "Jaime Orlando Ávila Sánchez, 'Condorito', era el que más se reunía con el mayor.

Afuera de la cárcel la coordinación no sólo era con 'Jessica'; con ella trabajaron en los montajes dos más, el 'Piojo' y 'Cárcamo'. Ellos también se reunían con los militares, afirmó Mota. El día que estalló el carro bomba contra los militares cerca de la Escuela de Cadetes yo estaba con 'Condorito' cuando los militares lo llamaron a reclamarle por la explosión y a decirle que tenían que cambiar de teléfono porque por cuenta de eso se habían calentado", contó Mota

Su relato y algunos de los personajes que menciona coinciden con los datos que están en la investigación que adelantan los fiscales antiterrorismo. 'Condorito' efectivamente es uno de los hombres con quienes tienen relación los militares investigados.

Aunque Mota lleva apenas cuatro meses en el pabellón desde donde se planearon parte de los montajes, otros internos con los que habló SEMANA y quienes llevaban mucho más tiempo en el pabellón confirmaron lo dicho por Mota.

Y también que éste se dio cuenta muy pronto de todo porque se ganó la confianza de 'Condorito' y los otros involucrados en los supuestos carros bomba de Bogotá. "La primera vez que yo hablé con el mayor Hermida fue hace más de un mes y medio.

Esa vez yo les iba a colaborar entregándoles unos fusiles que necesitaban para cuadrar una desmovilización de un supuesto grupo guerrillero que están coordinando", contó Mota a SEMANA.

El mayor al que se refiere es uno de los oficiales señalados de haber participado en los montajes de los carros bomba.Según le contaron a SEMANA Mota y otros presos, lo que pasó con los montajes fue un negocio muy sencillo en el que todo el mundo ganó.

"Si usted es un guerrillero con una condena alta, o incluso un delincuente común condenado a muchos años, 'Condorito' y los otros le ofrecen meterlo a las listas de desmovilizados de la guerrilla y con eso conseguir beneficios que le pueden representar la libertad, afirma otro de los prisioneros entrevistado por SEMANA.

El que quiera entrar debe hacer un aporte que puede ser en efectivo, aunque la mayoría de las veces se pide que sea en 'especie". La 'especie' a la que se refería básicamente consistía en que los que querían los beneficios contemplados en la ley debieron acudir a sus contactos fuera la cárcel para conseguir explosivos, estopines, cordón detonante y material de intendencia.

Estos elementos fueron entregados a 'Jessica', la guerrillera detenida por el caso de los montajes, y otros dos cómplices externos que trabajan con ella, conocidos con los alias de 'Cárcamo' y el 'Piojo'. "Cuando la persona ya tiene el material que se necesita le dice a Condorito y él les informaba a sus contactos en el Ejército para que buscaran a 'Jessica' y realizaran las coordinaciones del caso", dijo a SEMANA uno de los guerrilleros detenidos en el pabellón de alta seguridad de La Picota que no quiso revelar su nombre por seguridad.

Ese tipo de transacciones no sólo se utilizaron para algunos de los montajes de los carros bomba. "Hace dos meses yo le conseguí a 'Condorito' 15 estopines. Pero ese material no iba a ser utilizado para los carros bomba sino que me dijo que lo necesitaba para hacerlo pasar como material de intendencia entregado por un grupo de 40 supuestos guerrilleros que él le está ayudando a conseguir al Ejército para desmovilizarlos", dijo Mota a SEMANA.

Los testimonios de Mota fueron ratificados a SEMANA por dos reclusos de La Picota, quienes pidieron mantener su nombre en reserva ya que fueron amenazados cuando iban a dar su testimonio a esta revista. Aunque es claro que estas declaraciones serán evaluadas por la Fiscalía resulta preocupante lo ocurrido en las últimas dos semanas para evitar que los testimonios se hicieran públicos.

El 11 de septiembre, SEMANA solicitó al Inpec una autorización para realizar una entrevista periodística con Mota. El trámite, que normalmente tarda un par de días, se dilató con diferentes argumentos. La información de que Mota hablaría con SEMANA y estaría dispuesto a ir a la Fiscalía fue filtrada al pabellón en donde está recluido Mota, quien no tardó en recibir amenazas y advertencias para que no hablara. Una de esas amenazas se cumplió el pasado lunes a las 6 de la mañana, cuando Mota fue apuñalado en una de sus piernas tras ser advertido nuevamente de "cerrar el pico". SEMANA obtuvo el permiso para entrevistar a Mota el pasado martes 19 de septiembre, una semana después de la solicitud. La entrevista (ver siguiente artículo) en la que Mota contó gran parte de lo que sabe, fue grabada por funcionarios del Inpec quienes, sin autorización de esta revista, la entregaron a oficiales de inteligencia militar pocas horas después.

Dejan un mal sabor los intentos de ciertos funcionarios del Inpec de impedir a cualquier costo que salgan a la luz estos testimonios. Pero es aún más preocupante el contenido de los testimonios en un caso que está lejos de resolverse y que exige total claridad de la justicia y de la opinión pública. Lo único cierto, hasta ahora, es que en La Picota se cocinó gran parte de este escándalo y por ahí debería empezar la Fiscalía.

ENTREVISTA
“Todos fueron montajes”

El ex guerrillero Farid Mota explica a SEMANA en detalle el
negocio de los falsos atentados y desmovilizaciones.

El ex guerrillero Farid Mota explica a SEMANA en detalle el negocio de los falsos atentados y desmovilizaciones.

Resulta que en La Picota en el patio A, hay un muchacho que fue el que planeó todos los atentados desde el carro bomba hasta el último montaje que hicieron. Le dicen 'Condorito". Así arrancó su recuento de los hechos Farid Mota González en una entrevista con SEMANA. El día anterior había sido víctima de una puñalada.

SEMANA: ¿Cómo fue lo de la puñalada?

FARID MOTA: El lunes en la mañana, yo estaba acostado, cuando entraron dos tipos. Uno que le dicen 'el barbado' y un muchacho Rangel. Entraron con un chuzo cada uno. Me pegaron la puñalada en la pierna y me dijeron que yo sabía por qué era. Me hicieron esto porque dizque yo los estaba delatando.

SEMANA: ¿Y todos, absolutamente todos fueron montajes?F.M.: Todos fueron montajes. Hasta el que mataron al reciclador. Un camión que colocaron por allá en los lados de Sibaté, en el alto de San Miguel. Uno que venía por allá de un municipio de Boyacá también. El carro de la 53 con Boyacá, ese también fue montaje. Todo eso salió desde ahí. Yo tenía conocimiento de eso desde antes.

SEMANA: ¿Todo cuadrado por 'Condo-rito'? F.M.: Exacto, él es el que maneja todo. Se llama Jaime Orlando Ávila (Cano).

SEMANA: ¿Y cómo se dio cuenta de los montajes?F.M.: Porque yo estaba ahí en el pasillo con ellos. Me tenían mucha confianza. Una vez me dieron el teléfono para que me comunicara con mi señora.

SEMANA: ¿Quiénes participaron en los montajes?F.M.: 'Condorito'. Ómar Mosquera Pardo. Orlando Díaz Bonilla, alias 'Muelas', y Luis Carlos Chaparro Uribe. Son los cuatro autores intelectuales de esos atentados. Afuera están alias 'Piojo', 'Cárcamo', que es el hermano de 'Muelas'. Pablito y Lidia Sánchez Manrique, 'Jessica'. Ella es informante de la Brigada 13. Ella era la que legalizaba la plata afuera. Los cuatro de arriba son los que daban la información. Esta muchacha va y cobra la plata de la recompensa. Ellos obtienen los beneficios jurídicos y la muchacha, los económicos. Eso se cuadra todo con el mayor Hermida y con el capitán Barrera, que son de la Brigada 13.

SEMANA: ¿Usted vio a los militares algunas veces venir a hablar con 'Condorito'?
F.M.: Hablé personalmente con el mayor. Hablé con él hace mes y medio, cuando vino a entrevistarme para lo de los fusiles...

SEMANA: Antes de eso, ¿usted había visto al mayor reunido con 'Condorito'?
F.M.: Había venido en varias oportunidades a conversar con él.

SEMANA: ¿Cómo son las desmovilizaciones?
F.M.: Ellos miran y ubican la gente. Compran pistolas y armamentos y los capacitan, les enseñan los estatutos y todo lo que ellos saben acerca de la guerrilla. Cosas que saben que les preguntan allá. Acá tengo los nombres de las cuatro personas que hicieron el montaje, los materiales, de los que están afuera. El nombre del que financió todo: Henry Bermúdez.

SEMANA: ¿De dónde sale Bermúdez?
F.M.: Ese señor es como un estafador, pero tiene mucha plata. Él llega acá al patio y a todo el mundo le consigna... y a todo el mundo le regala zapatillas, y 'Condorito' le dijo: "Don Henry, nosotros estamos metidos en este cuento y si usted quiere, colabórenos económicamente y nosotros también le colaboramos con la directora. Tengo muchos contactos y le puedo colaborar para que lo echen para Cómbita".

SEMANA: ¿Pero él está en el patio de guerrilla?
F.M.: Hace 20 días lo sacaron para Cómbita.

SEMANA: ¿Él financió todos los atentados?
F.M.: Sí, y otra plata la pusieron el resto de personas que hay... El que quiera meterse a la Ley de Justicia y Paz con 'Condorito' tiene que poner para comprar explosivos y hacer un trabajo.

SEMANA: ¿Qué promete 'Condorito'?
F.M.: Beneficios... Uno tiene que ayudar a desmovilizar gente, a desvertebrar el frente al cual uno pertenecía, y a cambio lo tienen a uno en cuenta para la Ley de Justicia y Paz. La mayoría son personas que están 50, 60, 70 años. La mayoría de las personas que hay ahí en lo de Justicia y Paz son de grupos muy diferentes. Hay gente del... del 42, del 22. Desmovilizaron 35 guerrilleros diciendo que eran del mismo grupo, que eran del 42.

SEMANA: ¿Cómo arranca con los montajes?
F.M.: Él llega y les dice a las personas: bueno, ahorita que esa vaina de Justicia y Paz, vamos a acogernos y necesitamos que me colaboren económicamente, estopines y armamento, y hacemos los montajes, desmovilizamos gente...

SEMANA: ¿Cuánta gente se ha metido? , ¿cuántos han pagado?
F.M.: Son 14 los que están. Pues la mayoría de los presos sí son guerrilleros pero no están ayudando a desvertebrar ningún grupo. Esta gente está buscando campesinos para desmovilizarlos y hacer el montaje para ellos.

SEMANA: ¿Cómo consigue 'Condorito' los explosivos por fuera?
F.M.: Más que todo con el hermano, con 'Cárcamo' y el ánfo eso sí cualquiera.

SEMANA: ¿Lo del camión bomba del bulto de papas cómo lo coordinaron?
F.M.: Hay un muchacho, alias 'Piojo', del frente 42, guerrillero activo. Él se desmovilizó con el 35, junto con alias 'Cárcamo' y 'Pablito'; ellos fueron los que cuadraron el carro por el alto San Miguel. Y el señor Bermúdez fue el que dio la plata para que compraran...

SEMANA: Uno de los casos reportados fue el de un taxi bomba en un centro comercial...
F.M.: Sí, el de la Caracas. Ese también fue montado con 'Condorito'.

SEMANA: En el Fiat que encontraron en Normandía encontraron barras de Indugel, ¿cómo consiguen ellos eso?
F.M.: Ese Indugel lo proporciona un comandante del Batallón Sumapaz. Ese Indugel fue el que entregué en la caleta, porque yo entregué cinco kilos de Indugel...

SEMANA: ¿Los estopines y lo demás dónde lo consiguen?
F.M.: Le hice llegar a 'Condorito' unos estopines.

SEMANA: ¿Para cuál de los casos?
F.M.: No sé para cuál caso sería.

SEMANA: ¿Hace cuánto fue eso?
F.M.: Se los di hace dos meses más o menos. Una bolsita con estopines, 15. Puse a un amigo que tengo por allá afuera para que se los entregara a una persona que él también puso.

SEMANA: ¿Cuánto le pagó 'Condorito' por eso?
F.M.: Él me dijo que me iba a colocar en el folio 100.000 pesos y no me los colocó.

SEMANA: ¿Una vez montan los atentados 'Condorito' le dice que estos estopines entregados fueron para esos montajes?
F.M.: Me dijo que eran para entregar un material cuando se desmovilizaron esos 40 hombres. O sea para la próxima desmovilización, junto con otras cosas que él estaba recogiendo.

SEMANA: Se ha dicho que pagaron siete millones de pesos de recompensa por los atentados, ¿son para quién?
F.M.: Cuando 'Condorito' entró acá, esos muchachos no manejaban un peso. Ahorita a la mujer la mantiene mandando plata.

SEMANA: ¿Quién armaba las bombas?
F.M: 'Cárcamo' con otro guerrillero, alias 'Pablito'.

SEMANA: ¿'Condorito' sigue hablando con 'Cárcamo' y con 'Pablito'?
F.M.: Sí, ellos tienen contacto y se están comunicando. Ahora deben estar cuidándose mucho porque saben que donde algo se les llegue a comprobar se les viene un proceso por terrorismo, por la muerte del reciclador y por el carro y por la plata que le sacaron al gobierno. El día que explotó el carro bomba en la escuela los llamaron y me di cuenta porque yo estaba en la misma celda con ellos. Él les dijo que no volvieran a llamar a este teléfono porque el parche se había calentado.

SEMANA: ¿Por qué explotó el carro bomba cerca de la Escuela Militar si se suponía que todos eran montajes?
F.M.: Porque tenían que hacer sonar al menos uno y ya estaba muy cerca la posesión del Presidente, entonces así iban a tener mucha más credibilidad. No sólo bastaba con mostrarla sino con hacerla explotar. A raíz de lo del escándalo ahora están montando una casa bomba y la tienen que hacer explotar

SEMANA: ¿Y esa casa bomba la están montando en este momento?
F.M.: Sí. Ellos ya están recogiendo los explosivos. Eso debe explotar relativamente rápido. Necesitan que explote porque eso les daría credibilidad a los otros atentados.

SEMANA: ¿Usted por qué decidió hablar si esta cosa es tan peligrosa y usted está ahí metido con ellos?
F.M.: Decidí hablar porque después que ellos fueron allá a los fusiles y no encontraron nada me metieron a una pieza y me amenazaron. Estoy dispuesto a dar la cara, que usted tome fotos para desenmascarar esa vaina. Aquí hay internos que están dispuestos también a dar la misma declaración ante la Fiscalía y denunciar a ese tipo. Es un negocio tremendo.

* * *

Domingo 24 de septiembre

“Ojalá los comportamientos del Ejército no le terminen dando la razón a la guerrilla”

El indígena Páez y senador Jesús Piñacué es un hombre polémico que incluso genera división entre las autoridades de su pueblo. Pese a esto es considerado uno de los líderes de esta etnia que busca mayor comprensión entre los sectores de su comunidad y el Estado.

En este diálogo con Carlos Eduardo Huertas de SEMANA reflexiona sobre sus diferencias y las expectativas de su pueblo

Lleva ocho años como congresista y su apartamento en Bogotá todavía luce como un lugar de paso. Su actitud tímida y su sonrisa noble dejan en evidencia al indígena que se esconde tras una camisa rosada de seda, zapatos de marca y un vestido largo de paño, realizado por un diseñador valluno.

Es el senador del movimiento de la Alianza Social Indígena, Jesús Piñacué. Un personaje que pareciera vivir en tensión entre sus ancestrales raíces y la vanidad que impone la cultura occidental.

Una improvisada biblioteca donde conviven una selección de música clásica con libros con títulos que se refieren al patriotismo, a los movimientos indígenas de otros países, a macroeconomía e imagen política, reflejan sus inquietudes académicas.

Incluso para atender la periodista hace a un lado una selección de revistas de los últimos ocho años donde busca encontrar claves que le ayuden a confirmar si ha cambiado o no la situación de orden público desde el gobierno de Andrés Pastrana hasta el actual.

Esta actitud académica a pesar de sólo haber contado en su adolescencia con la formación que le dieron los curas de su pueblo y de no haber pasado por la universidad. “Siempre he querido estudiar derecho, pero en la Universidad del Cauca.

Nunca me aceptaron” dice con resignación, y explica que no cumple con el requisito de los exámenes del Icfes pues en sus épocas de estudiante no tenía los cinco mil pesos que le costaba el transporte a donde tenía que presentar la prueba.

Luego de la Constitución de 1991 la situación jurídica de los pueblos indígenas cambió en el papel, y la mayoría de los miembros de la comunidad de Piñacué, en el sur del país optaron por la no violencia como una forma de resistencia.

Incluso se desmovilizó el grupo Quintín Lame, que había crecido en el seno de estas montañas. Sin embargo los atropellos en su contra continúan.

La semana pasada se vio al Senador en medio del cortejo fúnebre que escoltaron más de tres mil indígenas de Jambaló. En el pequeño féretro blanco iba el cuerpo de un niño indígena de 10 años que murió por el impacto de una granada de mortero disparada por el Ejército.

Luego de esto el senador hizo fuertes denuncias contra la Fuerza Pública, asegurando que algunos de sus miembros intercambiaban cartuchos y granadas por marihuana que le proveían indígenas.

¿Por qué hizo este en ese momento. Fue una reacción por lo sucedido con el niño indígena, o fue una estrategia publicitaria para buscar protagonismo?

Jesús Piñacué: Sin proponérmelo terminan siendo actividades publicitarias pero yo tomo medidas para evitar que esto suceda. Estas son actividades comunitarias donde el protagonista es todo el pueblo. Las denuncias se hicieron por que de meses atrás ya conocía la información que se reconfirmaron cuando estábamos reunidos. Son situaciones muy graves que han traído inclinaciones de drogadicción a los jóvenes de nuestra comunidad. Algo que antes no existía. Ahora algunos indígenas tratan a la Fuerza Pública de marihuaneros lo que hace que exista más tensión con ellos. El ambiente es de mucha hostilidad. Ellos no entienden que con lo que sucede se está vinculando a los indígenas a la dimensión del conflicto por el consumo y tráfico de drogas. Es un elemento adicional al conflicto que estamos viviendo allá

SEMANA.COM: Pareciera que algunos indígenas del sur del país no quieren ser parte de este país. Incluso las actitudes de algunos es como si vieran en la Fuerza Pública un enemigo.

J.P.: Es una discusión. Algunos no entienden como es que tenemos nuestro territorio y el Estado, que es quién debería con su presencia ayudarnos a resolver nuestros problemas, no lo consigue hacer. Tenemos nuestras propias autoridades indígenas, una concepción de la vida eso hace que unos piensen que debemos declararnos como una sociedad totalmente autónomas, totalmente ajenas a cualquier actor político. Otros que son la mayoría cree que el Estado es importante donde nosotros podemos articularnos constituyéndonos instrumentos eficientes. Y otros muy , muy golpeados, y en buena parte con razón, golpeados por la Fuerza Pública y el abandono del Estado han considerado la causa armada como una opción.

SEMANA.COM: ¿Y usted en que grupo se encuentra?

J.P.: El desempeño en el Congreso me lleva a comprender con mucha claridad que el enemigo nuestro no es el Estado. Son algunos elementos de la sociedad que hacen parte de algunas instituciones que son los que han empujado a las comunidades indígenas al ambiente más distante del territorio nacional donde no se dan ni las malas intenciones, porque son tierras muy infértiles. El Estado es una manera de concebir la organización política de la sociedad que hay que acompañarla y ayudarla a robustecer para que se libre de situaciones malsanas.

SEMANA.COM: ¿Esto no hace que algunos miembros lo vean más del otro lado?

J.P.: Si. Ven al Senador como el que consigue los recursos y las soluciones de todo, pero uno no hace nada. No se hacen las carreteras, no se hacen las escuelas. Acá puedo conseguir todo esto pero tengo que volverme uribista. Me han hecho ofertas para decir cuales son los proyectos que necesitan recursos, o que me vayas a trabajar a la ONU. Si me paso al bando del uribismo a mi me va muy bien, pero eso no lo voy a hacer.

SEMANA.COM: También son conocidas las reservas que entre su pueblo despierta la manera como se viste en Bogotá, incluso en algún momento se supo que Armani le ofreció ser la imagen de sus productos, ¿cómo maneja esto?

J.P.: La manera como me visto también es una limitación. Al principio intente ir al Congreso con mi ruana pero eso produce un distanciamiento que dificulta la cercana y la confianza política. Que haya cambiado no significa que he dejado la convicción de lo que soy. Las ropas, aunque no lo crean, me ayudan a estar con mucho éxito a estar en ciertos espacio con tranquilidad . Pero siempre llevo mi capisayo (una especie de camisa en lana). La camioneta y el sueldo es otra cosa que genera muchas reservas. Esto es muy complicado, muy complicado. Mucho de lo que gano se va en traslados a mi región y eso me toca explicarlo con frecuencia. Lo del modelaje no lo consideré, me ofrecieron mucho dinero, pero era algo contradictorio con la actividad política del indígena

SEMANA.COM: ¿Se ve como la punta de lanza del movimiento indígena en el país?

J.P.: Trabajamos por los intereses de todos los indígenas, desde los Nukak a los Uwas. Buscamos trabajar por todos los indígenas del país y trato de estar cerca de ellos a través de la Onic (Organización Nacional Indígena de Colombia). Pero mi pretensión no es representar a todos los indígenas del país, sino a un proyecto político que incluye indígenas y no indígenas. Estoy de cara a un proyecto político muy amplio, muy incluyente.

SEMANA.COM: ¿Si les ha servido el acceso al Congreso a los indígenas para obtener mayor poder?

J.P.: Por ejemplo cuando ocurrió lo de Jambaló busque que alguien del gobierno central para que concurran para reunirse con las comunidades. Fueron los militares pero no se reunieron con la autoridad indígena. La gente no quiere hablar con los militares sino con los civiles en el gobierno. En una situación de estas yo llamo como senador al ministro de Defensa, no para que den un puesto sino para que atiendan lo que esta sucediendo y en el ministerio me contestó un asistente del ministro, pero él nunca me atendió. Uno no ve la parte civil del gobierno comprometida de atender las cosas que suceden, Ni yo como senador puedo acceder a un ministro como el doctor Santos.

SEMANA.COM: Algunas comunidades indígenas denuncias hostigamientos permanentes de la Fuerza Pública ¿No cree que en parte esto se deba a presencia de guerrilla dentro de los mismo indígenas?

J.P.: Yo no descarto la posibilidad que haya indígenas dentro de la guerrilla. Pero la autoridad indígena no tienen que ver con estos actores. De ahí la importancia que la política de seguridad democrática tenga en el centro la población civil. No queremos que haya fuerza pública en nuestros territorios pero tampoco guerrilla. En los últimos tres años las Farc han matado 24 indígenas, algunos incluso los han perseguido con perros. El Ejército ha matado tres, el ELN siete y las AUC cuatro. No los necesitamos a ninguno. Tenemos nuestra guardia indígena y por años hemos defendido que no tenemos ningún compromiso con sujetos armados. Ni guerrilla, ni Ejército. Nuestra posición es de autonomía frente a los hombres en armas. Si el Ejército va a estar que se comporte a la altura. Ojalá sus comportamiento no le terminen dando la razón a la guerrilla.

SEMANA.COM: ¿Cómo discernir entre los miembros de la comunidad que son auxiliadores de estos grupos?

J.P.: Para eso tenemos nuestras autoridades, y el gobierno debe darle relevancia a nuestras autoridades, darle peso a nuestra autonomía. Hay muchos casos de penas por esta situación donde cabildos y autoridades indígenas han aplicado la ley, y han llegado a sacar a indígenas de la comunidad.

SEMANA.COM: En esa idea de autonomía las autoridades indígenas de Jambaló han dicho que el caso del niño muerto por la granada debe ser llevado por su justicia y no por la Penal Militar ni la ordinaria, ¿esto es posible?

J.P.: Si la ley no lo permite habrás que modificarla para que la competencia esté en las autoridades indígenas. Ya son muchos casos que suceden en que ni siquiera luego se informa si se castiga a los miembros de la Fuerza Pública. En un caso como el de ahora lo primero es que se presenten ante las autoridades indígenas, y no sólo que se reconozca sino que haya castigo, que puede ser de látigos. Ya en otros casos las autoridades indígenas han actuado hasta con la guerrilla. Una vez incluso lograron que el ELN desvertebrar un frente que estaba armando con indígenas.

SEMANA.COM: ¿Cómo se siente ustedes ante los que están viviendo?

J.P.: Nos sentimos violentados por la guerrilla, por los paramilitares, por la Fuerza Pública. No entendemos como allá si pueden ir personas como el Juez Baltasar Garzón y no alguien de la autoridad pública. Va la Defensoría pero nadie del Gobierno. Lo que queremos es que el gobierno nos incluya en su plan de desarrollo. Ese es el mejor instrumento para la paz y la convivencia.

SEMANA.COM: El ocupar un cargo como el de congresista suele afectar en dos áreas a las personas: en su relación con el poder y con la vanidad, en estos dos ámbitos ¿de que manera cree que lo ha afectado a usted?

J.P.: Realmente no tengo poder alguno. Sólo soy un Senador en un escenario bien exigentes de bancadas. Es tan poco mi poder que ni siquiera el ministro de Defensa atiende un llamado de urgencia mío. Hasta llevo más de un mes pidiéndole audiencia al ministro de Medio Ambiente y que difícil es. Así que poder no hay. Sobre la vanidad, no soy el más indicado para aplaudirme o autocensurarme Seguro tengo comportamientos de este tipo como cualquier persona, y en mi caso desde luego tiene efectos políticos, pero son accidentes. Aquí lo importante es el interés y las disciplina con que se atiendan las preocupaciones que estas comunidades tiene, y yo hago el esfuerzo

Solo 350 paramilitares tienen procesos judiciales en su contra, de 2.695

Septiembre 23 de 2006

Los otros 2.345 postulados a Justicia y Paz no tienen antecedentes o vinculaciones en procesos, según los registros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), el DAS y la Policía.
Entre los desmovilizados a quienes no les aparecen procesos vigentes están Freddy Rendón Herrera, el 'Alemán', del bloque Élmer Cárdenas, y actualmente recluido en una estación de Policía de Necoclí, en el Urabá antioqueño; Carlos Mario Jiménez Naranjo, 'Macaco', y Rodrigo Pérez Alzate, 'Julián Bolívar', ambos del bloque Central Bolívar.
Este hecho se convierte en un verdadero reto para los fiscales que intervendrán en los procesos de los 'paras' desmovilizados, toda vez que estarán obligados a escudriñar en expedientes y archivos, para tratar de encontrar hechos en los que puedan estar implicados quienes ahora no aparecen vinculados a procesos judiciales.
Las vinculaciones a procesos de quienes ahora están 'limpios' se podrían establecer por su participación en el grupo. Es decir, por los hechos en los que el grupo al que pertenecían tenga alguna responsabilidad, como masacres, secuestros y desapariciones, entre otros delitos.
Otra de las dificultades que ya empiezan a enfrentar los investigadores de Justicia y Paz, debido a los pocos ex 'paras' que aparecen con antecedentes, es establecer si tienen o no bienes ilícitos o están a nombres de testaferros.
Podría suceder que ex jefes 'paras' que inicialmente no están procesados, como el 'Alemán' o 'Macaco', cuya pertenencia a facciones de autodefensas que cometieron múltiples crímenes en su zonas de influencia, como el Urabá chocoano y antioqueño, en el caso del Élmer Cárdenas, puedan ser vinculados a investigaciones que desarrollen autoridades judiciales en esas regiones.
Tampoco se descarta que estos ex comandantes de las autodefensas terminen confesando ante los fiscales de Justicia y Paz su participación en hechos ocurridos durante su permanencia en el grupo, todo para no perder los beneficios si se descubre que sí tuvieron participación.
Hasta hoy, 41 ex paramilitares se han presentado a las autoridades luego de que el presidente Uribe los conminó a que lo hicieran para continuar el proceso de Justicia y Paz. De este total, 37 están en la sede de Prosocial en La Ceja (Antioquia). Los otros cuatro están en Urabá, Valledupar, Villavo y Bogotá.
Los jefes que no se han presentado son:
· Vicente Castaño. El 'Profe', señalado de participar en la muerte de su hermano Carlos. Ha puesto condiciones para su entrega. Las más recientes ayer.
· Víctor M. Mejía. Uno de los 'Mellizos'. Con el abogado Gustavo Salazar hicieron saber que no se presentarán hasta que el Gobierno nacional les suspenda la extradición.
· Miguel A. Mejía. El otro de los 'Mellizos'. Junto con su hermano también pidió que le dejen escoger su sitio de reclusión, como lo hicieron con 'Jorge 40', y que le respeten el debido proceso.
· Ever Veloza. Se le conoce como 'HH', ex jefe del bloque Bananero. Al parecer está en algún lugar del país con 150 hombres. Autoridades dicen que sigue cobrando el impuesto de gramaje por coca.
· Giovanni Marín. Aparece en la lista de la Policía y hace dos semanas estuvo a punto de entregarse. No es claro si es uno de los ex jefes 'paras' a los que el Gobierno conminó.

* * *

Comunicadores indígenas son reprimidos

22.09.06 - COLOMBIA

Adital - El pueblo indígena nasa del territorioancestral Sata Makiwe, la Asociación de CabildosComunitarios del Municipio de Caldono, el ConsejoRegional Indígena del Cauca (CRIC) y la OrganizaciónNacional Indígena de Colombia (ONIC) exigen laliberación de dos comunicadores indígenas secuestrados.

Son ellos: Rubiel Lis Velasco yGriseldino Yafue Guetoto, detenidos la mañana delmartes 19 de septiembre del 2006 en Caldono, sin razónalguna ni orden de captura. El pueblo nasa, sus comunidades y organizaciones consideran esta acción como un acto de represión departe del Estado que violenta la autonomía de este territorio indígena e ignora totalmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas expresados en elConvenio 169 de la OIT (Organización Internacional delTrabajo) y en la Constitución del Estado colombiano.

Así como las normas del derecho internacional enmateria de telecomunicaciones por medio de los cuales los pueblos tenemos derecho a la libertad de expresión a través de medios de comunicación propios. Las entidades manifiestan que no ven la acción como una detención formal sino como un acto de secuestro político.

"Acto similar a los que vienen ocurriendo entoda América Latina en contra de nuestros comunicadores indígenas y de los diversos medios decomunicación alternativos". Además de haberse llevado a los dos comunicadores indígenas, las entidades denuncian que está ocurriendo la presencia de la policía en las afueras de la RadioUxwal, acercándose a intimidar a todos los comuneros reunidos para proteger la radio.

De igual manera, se ha estado intentado desde afuera apagar la radio por medio del corte de la luz. Todo esto ocurrió cuando faltaban menos de 24 horaspara que iniciara el Primer Encuentro Nacional de Comunicación Indígena de Colombia, que tuvo lugar en el Municipio de Silvia, territorio Misak Wampia, adónde llegarán comunicadores indígenas de todo el paísy del ámbito internacional para hablar sobre lasestrategias de comunicación indígena.

"Hacemos un llamado a la comunidad nacional einternacional, organismos de derechos humanos para quese unan y demanden la exigencia de la liberación denuestros compañeros y se permita el libre desarrollode nuestro encuentro de comunicadores así como elrespeto a este medio de comunicación propio, legítimoy autónomo que ya por seis años venimos defendiendo".

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Mayo 11 de 20068:25 a.m.

Ex presidente César Gaviria rompió el silencio que había guardado desde el asesinato de su hermana

Anunció que se reintegra desde hoy a la campaña política y que no piensa irse del país o abandonar la vida pública a pesar de la tragedia.

El jefe único del Partido Liberal no había hecho ningún pronunciamiento público desde el 27 de abril cuando su hermana Liliana Gaviria fue asesinada en un intento de secuestro, en Dos Quebradas (Risaralda). El ex mandatario explicó en diálogo con 'La W Radio' que él y su familia guardaron silencio porque no querían reaccionar con venganza ni darle alcance político a la tragedia.

Al ser interrogado sobre si le ha pasado por la cabeza la idea de abandonar la política, aseguró que no y que tampoco piensa abandonar el país. Explicó que parte del silencio que guardó las últimas semanas tiene que ver con eso. "Uno no debe reaccionar frente a un problema como el que nos tocó ni con rabia ni con desesperación. Tiene que bajar los ánimos y reaccionar de manera inteligente".

Manifestó que su familia no quiso darle "alcance político a lo ocurrido" ni crearle “dificultades en una campaña política de la que soy parte, ni crear presión en la investigación para que se pueda realizar con independencia".

Reconoció que el Gobierno ha estado atento de su familia y dijo que tiene confianza en el trabajo de la Fiscalía y de la Policía –en cabeza del director de la Dijín, general Oscar Naranjo- para esclarecer la autoría intelectual del crimen de Liliana.

Se abstuvo de adelantar conclusiones sobre la investigación porque ni él ni su familia quieren "cometer injusticias con ninguna persona, ni ejercer presión sobre la institucionalidad".

No obstante, al referirse a los avances de las indagaciones -que señalan a la columna Teófilo Forero de las Farc como la autora- aseguró que no cree que "se haya dicho la última palabra", aunque consideró que las decisiones que se han adoptado hasta el momento "son correctas".

"Todas las investigaciones parecen estar dirigidas a una columna de las Farc. No tenemos la certidumbre de que sea así, pero confiamos en que esta investigación se va a profundizar y vamos a tener claridad plena de lo ocurrido".

Algunas de sus expresiones en La W Radio

"Acepté romper el silencio de las últimas semanas para reaccionar de la manera como nosotros creímos que debíamos reaccionar frente al crimen de mi hermana: de una manera tranquila, no darle alcance político a lo ocurrido, esperar que se pudiera tramitar la investigación y no generar sentimientos de venganza ni cosas similares".

"Espero reintegrarme al compromiso con el partido y concluir la actual campaña política. Espero no cambiar de opiniones por lo que ha ocurrido. Obviamente no es fácil, pero espero no cambiar la visión que tengo de la sociedad colombiana por la tragedia familiar que nos ha venido agobiando estos días".

"Siempre me dio temor que Liliana viviera allí (en Pereira), pero ella no se imaginaba la vida en otra parte. Era una persona discreta, trabajadora, de la total confianza de todos. No se inmiscuía en política para absolutamente nada, por eso es tan difícil entender que haya sido víctima del terrorismo".

Sobre cómo va a manejar el discurso público

"Va a ser muy difícil. En parte, el silencio ha sido tratar de ver cuál va a ser el tono de mis intervenciones de aquí al final de la campaña. Va a ser muy difícil, no se como lo vaya a ser. Mi obligación es volver a la plaza pública y no cambiar opiniones por lo que pasó".
Septiembre 19 de 2006

Denuncian amenazas de muerte contra autoridades de la isla de Barú por pleito de tierras

Se trata de 54 hectáreas ubicadas en el corregimiento de Santa Ana (Barú) y que está en disputa entre una particular y Carbones del Carare.

El alcalde de la Localidad Dos -Histórica y del Caribe Norte- Juan Alíes Vergara, y el inspector de Barú, Elkin Oñoro Coneo, acusan de proferir las amenazas al empresario Alfonso Hilsaca, quien al parecer tiene intereses en el predio.

Alíes dijo que Hilsaca les dijo, a él y al Inspector, que iba "a mover cielo y tierra para no perder esas tierras". El Alcalde y el Inspector pusieron el hecho en conocimiento de la Presidencia de la República, los organismos de control y seguridad del Estado.

Alíes le atribuye a Hilsaca la siguiente afirmación: "Si quieren la pelea la damos en el campo militar, pues tengo como hacerlo y me gusta más, si la cosa es por influencia, yo moveré las mías, si la cosa es con plata, la tengo. No me importa gastarme 200, 400 ó 500 millones de pesos en esto, y si la pelea es jurídica, ya contraté al penalista Lombana. Pero me duele la situación del pobre Inspector, ya que va a dañar su vida por un proceso".

Este fue el tono que utilizó Hilsaca, según un documento envíado por los funcionarios al presidente Álvaro Uribe.

Hilsaca aseguró que nunca ha amenazado al Alcalde de la Localidad. En carta dirigida al propio Alíes, Hilsaca dice que sólo acudió a la oficina del funcionario para manifestarle su preocupación "por una serie de atropellos y anomalías jurídicas que se están presentando dentro de unas actuaciones administrativas policivas que buscan quitar la propiedad y posesión que ejerce la señora Ana (sic) viuda de Oyaga en unos terrenos de su propiedad".

Según Hilsaca, la viuda -anciana y de escasos recursos-, acudió a él en busca de ayuda teniendo en cuenta que su fallecido esposo y a él los unió una gran amistad en el pasado.

Ante la situación, el empresario solicitó a un grupo de abogados estudiar el caso y, al darse cuenta de las "irregularidades que han sido cometidas por la inspección de Sant Ana en contra de la señora en mención", acudió a Alíes para ponerlo en conocimiento de la situación.

"Lamentó mucho que usted haya llevado una situación que le debe ser rutinaria del ejercicio de sus funciones, como es la de escuchar las quejas y preocupaciones de los ciudadanos, a un plano de escándalo ante la opinión pública, ignorando cuáles serán las verdaderas y no claras intenciones al respecto", expresa Hilsaca en su carta.

El predio en cuestión se encuentra en una disputa entre la señora Ana viuda de Oyaga y Carbones del Carare. "Nos ratificamos señor Presidente -dicen Alíes y Oñoro- en que nuestras actuaciones han estado ceñidas a la más estricta legalidad y ni siquiera las amenazas nos van hacer cambiar de actitud, por lo que le suplicamos, se nos brinden las garantías constitucionales para el ejercicio de nuestras funciones públicas e intervenga de manera especial en el presente asunto, en aras a salvaguardar nuestra integridad física y moral y las de nuestras familias".

Por su parte la señora Isabel Arias vda de Oyaga, en carta también remitida a la Presidencia de la República, indica que ha recibido amenazas, le han dañado cultivos e invadido su terrenos con la intención de que se vaya de las tierras donde al parecer se quiere construir un puerto carbonífero.

Por eso buscó ayuda en sus abogados y abogados sus amigos, ante el desconocimiento de sus derechos y la vulneración de su derecho a la defensa.

"Nos ratificamos señor Presidente --dicen Alíes y Oñoro-- en que nuestras actuaciones han estado ceñidas a la más estricta legalidad y ni siquiera las amenazas nos van hacer cambiar de actitud, por lo que le suplicamos, se nos brinden las garantías constitucionales para el ejercicio de nuestras funciones públicas e intervenga de manera especial en el presente asunto, en aras a salvaguardar nuestra integridad física y moral y las de nuestras familias".

El alcalde de Cartagena, Nicolás Curi, rechazo de manera enfática las amenazas contra sus colaboradores. "No me cabe en la cabeza que a un funcionario se le amenace de esta manera", expresó. Agregó que espera las excusas públicas o por lo menos una explicación del señor Alfonso Hilsaca y que este incidente pueda finalizar de la manera más rápida posible.

Las tierras hacen parte de un terreno donde estuvo Carbones de Carare y donde actualmente unas empresas americanas nuevas quieren reactivar el negocio de exportación de carbón, pero se han encontrado con el inconveniente de que las tierras están en litigio.

"A Juan Alíes Vergara le corresponde como Alcalde Local darle el apoyo respectivo al Inspector de Policía y ha procedido a desalojar la gente que estaba allí", afirmó Curi.

Agregó: "A mí me correspondió destituir al inspector anterior, quien estaba actuando de manera rara, porque no quiera dar explicaciones de lo que estaba sucediendo con relación a este tema. Este nuevo inspector esta actuando a lo que el considera, respaldado por el Alcalde de la Localidad y de allí se derivan los sucesos que se han presentado".

Así fue cómo EL TIEMPO obtuvo la información sobre la implicación de militares en atentados

Tras más de tres días de tiras y aflojes en el Consejo de Seguridad, el presidente Uribe presentó en televisión el domingo el análisis que el Gobierno ha hecho de lo ocurrido.

Martes: 'Es demasiado gorda'

El martes de la semana pasada, en medio de su trabajo de reportería, un periodista de EL TIEMPO pescó una información que por los primeros datos parecía tener un impacto como pocas noticias en los últimos meses.
Durante el día, buscó a varias de sus fuentes, hasta que una de ellas le dijo: "Sí, véngase (...) es una cosa demasiado gorda".
A las 11 a.m., en un edificio gubernamental, lo atendió 40 minutos y le entregó las primeras pistas de lo que calificó como una conducta "aberrante y peligrosa" para el país: según la fuente, al menos cuatro oficiales del Ejército habrían participado en el montaje de los carros bomba desactivados en Bogotá en los días previos a la posesión del presidente Uribe.
Sugirió la consulta de otras fuentes que conocían la investigación por dentro.

Miércoles: las grabaciones

Al día siguiente todas coincidieron. Dos de ellas mostraron parte de la evidencia que calificaban de contundente: fotos de videos que mostraban a dos oficiales reunidos en una cafetería con una ex guerrillera, 'Jessica', que, según interceptaciones, está implicada en los atentados.
Además, mostraron la transcripción de diálogos telefónicos. En uno de ellos 'Jessica' planeaba otro 'atentado', pero decían: "Este que no estalle".
En criterio de los investigadores esta conversación hacía referencia al carro bomba que estalló el 31 de julio y que produjo la muerte de un civil y heridas a 19 soldados.
Es más, consideraban que estas pruebas eran suficientes para dictar tres órdenes de captura contra uniformados.
Los organismos de seguridad no acababan de entender cómo podían haberse colado esos explosivos y, aún más, sin que muchos de ellos tuvieran una mínima idea.
En vísperas de la posesión se había volcado a la capital el mayor operativo de seguridad de las últimas décadas: 30.000 efectivos (22.000 de Policía y 8.000 de Ejército). Toda la estrategia para blindar a Bogotá les había ocupado meses.
Por eso, la aparición de tres carros bomba (algunos de bajo poder y sin detonante), una casa bomba y el decomiso de explosivos despertó sospecha en algunos medios.
En cada uno de estos operativos apareció el Ejército ante la prensa dando 'positivos' que históricamente se han anotado el DAS o la Policía cuando ocurren en Bogotá.

Jueves: Fiscalía ratifica

Hacia las 10:30 a.m. del jueves, dos periodistas visitaron en su despacho al vicefiscal general, Jorge Otálora, y le consultaron si ya había una investigación en curso.
Para responder, Otálora hizo llamar al jefe de la Unidad Antiterrorista, Hermes Ardila, quien visiblemente molesto por la filtración, confirmó que había una investigación en curso y, además, algunos datos que EL TIEMPO suministró durante la reunión.
Y aunque se mencionó el apellido de un coronel -diferente a los nombres de los otros dos oficiales que se han identificado en este caso- advirtieron que no había órdenes de captura.
Pidieron no publicar que el enlace era 'Jessica', la que 24 horas después fue capturada.
A las 2:30 p.m. de ese mismo día, una fuente de alto nivel le confirmó a este diario que desde hacía 25 días funcionarios del Ministerio de Defensa sabían de la investigación. De hecho, tres semanas atrás, en la reunión del Comité Antiterrorista de Bogotá -en el que tienen asiento esa cartera y la Alcaldía-, el tema salió a flote. Allí un oficial del Ejército protestó por comentarios sobre presuntos montajes.
A esta altura de la reportería se consideró que había suficientes elementos para publicar y por eso buscó a los militares al mando de los implicados. Tras varias llamadas, finalmente se pidió hablar con el general Mario Montoya, comandante del Ejército.
No hubo respuesta. Hacia las 5 p.m., el Ministerio de Defensa convocó a rueda de prensa. Aunque la decisión gubernamental de adelantarse a la publicación generó molestia, el comunicado leído por Montoya, ratificó el escándalo.
"El reciente atentado con un carro bomba, en el que resultaron heridos varios soldados y muerto un ciudadano, que fue atribuido a grupos al margen de la ley, así como el supuesto decomiso de varios explosivos (...), al parecer no corresponde a la realidad".
Añadió: "Estos engaños podrían haber sido perpetrados por personas inescrupulosas, entre las que se encuentran dos oficiales del Ejército".

Viernes: 'manzanas podridas'

Al otro día, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se refirió al tema y dijo que podría tratarse de algunas "manzanas podridas" interesadas en las recompensas y descartó que fuera una estrategia para dar 'positivos' ante las exigencias del Gobierno.
Esa misma tarde, otro de los investigadores contactó a EL TIEMPO. Dijo que la información publicada era real y aportó otra evidencia aún por judicializar (entregar a la Fiscalía): las más recientes interceptaciones a 'Jessica' -el enlace de los militares-, fotos de la mujer y los nombres de los dos oficiales mencionados en el expediente, entre otros detalles: "Lea y anote", dijo.
Desde ese momento el Gobierno dio inicio a extenuantes consejos extraordinarios de seguridad. En el primero, de 9 horas, salió sin mayores evidencias de lo ocurrido. "No llegamos a nada", contó uno de los asistentes. Dejaron la impresión, por algunos contactos que hicieron, que querían saber qué otros detalles tenían los medios.
El fiscal Mario Iguarán, que fue consultado por el Presidente, dio una rueda de prensa hacia las 10 de la noche, expresamente para decir que no había pruebas suficientes para vincular a los oficiales y que 'Jessica' había sido capturada.
Sábado: hablan con militares
La mujer rindió declaración hasta las 2:30 de la madrugada del sábado y dijo que todo era un montaje. Sin embargo, señaló que conocía a uno de los oficiales mencionados en la investigación y que había colaborado con él para desactivar un explosivo.
En un consejo comunitario en Medellín, el presidente Uribe manifestó que cancelaba parte de su agenda en esa ciudad y regresaba a Bogotá para seguir el consejo de seguridad, que se prolongaría hasta el domingo, después del cual -tal vez, según dijo- le hablaría al país.
"Aspiro, a las 4 de la tarde, mañana, tener alguna claridad, así no sea total... procuraría en la noche hacer una alocución para contarles a mis compatriotas qué hemos podido avanzar en este proceso", indicó.
Hacia las 6 de la tarde, una de las personas que supo lo ocurrido en el consejo de seguridad del viernes le aseguró a EL TIEMPO que, efectivamente, no eran dos, sino cuatro los oficiales mencionados en el caso.
El sábado por la noche, según explicó el presidente Uribe, hablaron con los militares implicados. Ellos le dieron una clave al Gobierno para explicar parte de lo ocurrido. Dijeron que estaban haciendo labor de inteligencia con 'Jessica'. Ayer, el ministro Santos ratificó esta hipótesis: "Todo era para seguirle el juego".
Es ahí entonces dónde quedan preguntas por resolver: ¿Por qué las Farc estarían interesadas en poner carros bomba que no iban a estallar? ¿Los militares sabían que 'Jessica' estaba poniendo carros bomba? En caso de que supieran, ¿es permitido poner en vilo la tranquilidad de los ciudadanos para no abortar un seguimiento de inteligencia? Y si su interés era solo de investigación, ¿por qué divulgaban estos 'positivos' a costa de sumar tensión a la ciudad? Si la conocían desde hacía tres años, ¿por qué la estaban siguiendo aún?

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Septiembre 13 de 2006

Encendido debate en el Senado por caso de militares acusados de montar atentados

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el senador del Polo Democrático Gustavo Petro se enfrentaron por el tema, durante una sesión prevista para discutir la política social.

En el debate, citado por la senadora liberal Piedad Córdoba, Petro reclamó por la falta de claridad en las explicaciones que en los últimos días el Ejecutivo ha dado sobre esos hechos, pero sobre todo, cuestionó con dureza la política de seguridad democrática.

"Usted senador Gustavo Petro sigue disparándole a nuestro Ejército y a nuestra fuerza pública con una munición mas letal (...) Usted es conocido por decir medias verdades, y todos sabemos que las medias verdades son las mentiras más letales (...) yo no puedo senador, permitir que usted diga que la política de seguridad democrática no debería matar a los ciudadanos sino salvarles la vida", dijo bastante molesto el Ministro.

A renglón seguido, Santos dijo que esas acusaciones socavan la legitimidad de la fuerza pública, y le recordó al senador del Polo los logros obtenidos en los últimos cuatro años con la política de seguridad democrática.

Y sobre los últimos hechos, Santos dijo que continúan las investigaciones, que esperan los resultados. Negó que hubiese contradicciones entre lo que el mismo había dicho, lo que dio a conocer el general Montoya, y entre las explicaciones que dio el Presidente en su alocución del domingo y las que dio ayer en los medios.
"No hay ninguna diferencia, el gobierno desde un principio y en esta ocasión ha hablado con toda claridad", dijo Santos, quien de paso ratificó que lo ocurrido son hechos aislados que le siguen preocupando al gobierno.

En respuesta al senador liberal Héctor Elí Rojas, Santos negó que el presidente Uribe le quisiera imponer una mordaza a la prensa. "Lo único que hizo, y lo comparto, fue poner ante la opinión publica la importancia de actuar con responsabilidad".

Petro replica

Acudiendo al derecho de replica, Petro tomó de nuevo la palabra y respondió con dureza. "No deja de ser sintomático que un debate social lo haga el Ministro Defensa, no deja de ser sintomático que las palabras vengan cargadas de odio, y me permito darle este consejo por mi experiencia; el odio cuando se combinan con las armas es leta".

Petro fue más allá, y según dijo, a manera de "consejos", le pidió a Santos no juntar el odio con la lengua. "Cuando se manejan armas se domina la lengua y cuando se tienen armas el mal uso de la lengua es malo".
Petro le dijo al Ministro que la legitimidad de que hoy gozan las Fuerzas Armadas se las dio la Constitución del 91 que el y sus amigos del M19, junto Alvaro Gómez y otros ayudaron a redactar.

También recordó que fue víctima de las torturas en el gobierno de Turbay, y que a pesar de eso "no siente odio por sus victimarios (...) Lo que permitió que se generalizara la tortura en esa época fue el ocultamiento, y con mucha dignidad algunos medios trataron de romper ese silencio que el gobierno trataba de ocultar. Eso le hizo un grave y enorme daño a las fuerzas militares.

El congresista le reclamó a Santos por "sus insultos" y le pidió controlar la lengua. Porque me acusa a mi, un simple senador, si usted fue el primero que filtró la información".

El senador Luis Guillermo Vélez intentó poner orden y bajar la tensión pidiendo que se volviera al debate de control político, pero no lo logró. Por el contrario, terció el senador Hector Elí Rojas.

"Me preocupa no lo que me dijo a mí, sino lo que dijo a Petro. Es preocupante para la oposición, esos terminos que usa, no le permito, cuidado, no sea olimpico, viniendo de un ministro de defensa preocupa, intimida, porque lo que usted llama casos asilados son frecuentes y lamentables".

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Colombianos se ofrecen para relevar a secuestrados, con documento juramentado ante notaría

Dicen que es hora de hacer algo efectivo por las 4.015 personas que "se pudren" en la selva.

La iniciativa -llamada 'Operación Kolbe'- despertó el interés de 200 personas de varias naciones que recibieron la propuesta a través de Internet y que han anunciado su respaldo. Hasta el momento 32 han firmado el documento de compromiso.

"Estoy dispuesto a relevar a un secuestrado sin importar credo, condición o filiación política, para aliviar en algo el sufrimiento de su familia. Quizás esto no cambie el mundo ni la crueldad del secuestro, pero es mi pequeño aporte a la paz", dijo a la agencia AFP Carlos Julio, quien estuvo secuestrado por la guerrilla de las Farc en el año 2003.

La iniciativa se inspira en el sacerdote franciscano Maximiliano Kolbe, quien se ofreció a morir en lugar de otro preso en el campo de concentración de Auschwitz, y que fue ejecutado en agosto de 1941.

"Me conmovió sobremanera el testimonio de Kolbe, al punto de aceptar la propuesta, muerto del susto eso sí, y sin haber comentado hasta ahora este compromiso con mi esposa e hijos", asegura Mario, un exitoso médico que dice que su decisión no tiene marcha atrás.

La idea surgió del sacerdote católico Luis G. y está dirigida a cualquier persona, sin importar su creencia o postura política. "La propuesta nace de nuestro paradigma, que es Jesús, que murió por los demás y no simbólicamente", señaló el fundador del grupo.

Luis G. propuso la iniciativa hace tres semanas durante un encuentro de filósofos y teólogos en la Universidad Javeriana de Bogotá. Su propuesta ya ha sido presentada al Comité Internacional de la Cruz Roja y a varias ONG colombianas que ayudan a los familiares de los secuestrados.

"No queremos protagonismo, sino permanecer anónimos para garantizar el éxito de la propuesta. No pedimos dinero ni requerimos de infraestructura. Nos comunicamos por Internet, hacemos reuniones esporádicas y marcharemos cuando llegue el momento", añadió.

El joven religioso narra que una mujer que ya había anunciado su adhesión, renunció cuando le pidió deshacerse de un equipaje que pensaba llevar. "Nos vamos sin morral. Cuando secuestraron a nuestro hermano no le dieron oportunidad de prepararse", recuerda haberle dicho.

El grupo está conformado, en su mayoría, por sacerdotes de distintas congregaciones, pero cuenta con un 40 por ciento de laicos, la mayoría profesionales mayores de 40 años. Luis G. dice que la iniciativa nace de la base de la Iglesia y que seguirán adelante así los jerarcas se opongan.

Sin embargo, para algunos la propuesta no es viable. "No creo que las Farc acepten los relevos y menos por seres anónimos, a los cuales no les conocen la declaración de renta. Qué van a cambiar a un anónimo por un senador o por (la ex candidata presidencial) Ingrid Betancourt", señaló una mujer que conoce el proyecto.
Además de Colombia, la campaña ha encontrado apoyo en países como Chile, Ecuador, Canadá, Venezuela, España, Paraguay, Argentina, México y Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han propuesto intercambiar a 58 rehenes -entre ellos, unos 40 militares y policías, a Betancourt y a tres estadounidenses- por 500 rebeldes presos.

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Septiembre 13 de 2006
Cifra de desplazados en Colombia es mayor que lo que admite el Gobierno, afirma ONG

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Conferencia Episcopal de la iglesia católica insisten que esa cifra supera los 3,8 millones de personas.

Por su parte, Acción Social, la agencia presidencial de ayuda humanitaria, estima que el número de desplazados es de casi 1,9 millones. El censo nacional de población realizado el año pasado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señaló que en el país hay un total de 800.000 desplazados.

''Todo parece indicar que el gobierno, antes de reconocer la crisis social y humanitaria del desplazamiento, intenta desconocerla por la vía de las estadísticas o por acciones administrativas'' dijo el presidente de Codhes, Marco Romero.

Codhes presentó su informe semestral sobre desplazamiento forzoso y señaló que las cifras oficiales son poco rigurosas, ya que el gobierno comenzó a desarrollar la base de datos solo en el 2000, mientras que las estadísticas de la Consultoría tienen más de 20 años.

Las mismas cifras oficiales, sin embargo, indican que el 43,2 por ciento de personas desplazadas corresponde al primer mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2006).

El 88,6 por ciento de las personas contabilizadas por el gobierno, es decir 1,6 millones personas, fueron desplazadas desde que arrancó el Plan Colombia, en el 2000, que ha supuesto más de 4.000 millones de dólares en ayuda estadounidense para la lucha contra las drogas y grupos armados.

Codhes también informó que en el primer semestre registró por lo menos 112.099 desplazados, lo que supone una disminución del 27 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque matizó que esa caída se debe en buena parte al temor de las víctimas de registrarse ante las autoridades.

Las zonas que presentan un mayor número de desplazados son las que han sufrido combates entre el Ejército, los paramilitares y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, explicó Romero.

BogotáAP.-

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Septiembre 13 de 2006

Ingrid Betancourt, candidata a premio de derechos humanos de la Unión Europea

Además de la ex candidata presidencial colombiana, rehén de las Farc desde el 2002, fueron postulados «todos los que luchan» por las personas secuestradas en el conflicto interno de Colombia.

La lista de las primeras candidaturas al Premio Sajarov 2006 del Europarlamento, diez en total (cuatro por grupos político de la cámara y seis por eurodiputados), incluye también al arzobispo austríaco Erwn Krautler, defensor de las minorías indígenas en Brasil y la región del Amazonas.

Otros candidatos son el activista ruso en derechos humanos Vladimir Kozlov; el líder de la oposición en Bielorrusia, Aleksander Milinkevich; el periodista y diplomático libanés Ghassan Tueni; y la líder de la lucha contra la prostitución infantil en Camboya y el sureste asiático, Somaly Mam.

La lista la completan el defensor de los derechos humanos en Etiopía, Mesfin Wolde-Marian; las «Mujeres de Negro» de Serbia, que luchan por la reconciliación entre los pueblos de la ex Yugoslavia; y el Proyecto Fulda-Mosocho de Muthgard Hinkelmann-Toewe (Alemania-Kenia) para combatir la mutilación genital de mujeres en ese país de Africa.

De estos diez candidatos, tres serán finalistas y uno de ellos se alzará con el prestigioso premio, dotado en su última edición de 50.000 euros (63.000 dólares) y que recompensa desde 1988 a una personalidad, organización o asociación por su acción a favor de los derechos humanos y la libertad de expresión.

En el caso de Ingrid Betancourt, cuya candidatura fue presentada por la eurodiputada socialista francesa Marie-Arlette Carlotti, es la segunda vez que aspira al premio, ya que en 2004 estuvo entre los tres finalistas.

Su candidatura fue justificada en su «lucha para poner fin a la guerra civil» en Colombia «mediante la negociación» desde su banca parlamentaria.

Betancourt, que aspiraba a la presidencia colombiana, fue secuestrada el 23 de febrero de 2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y ya lleva más de cuatro años como rehén.

En cuanto a la otra nominación vinculada con Colombia, para «todos aquellos que luchan por las rehenes» en ese país, la misma fue presentada por el grupo de los Verdes con el apoyo del eurodiputado conservador español, José Ignacio Salafranca, presidente de la comisión parlamentaria para América Latina.

Esta candidatura tendrá, antes de la próxima etapa, un carácter individual, según anunciaron sus impulsores.
El primer premiado con el Sajarov del Parlamento Europeo fue el sudafricano Nelson Mandela en 1988 y las última en obtenerlos fueron las «Damas de Blanco» de Cuba, esposas y familiares de presos políticos en la isla.

Las Madres de plaza de Mayo lo habían ganado en 1992 y el disidente cubano Oslwado Payá en el 2002.

Bruselas Con información de AP

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18 de Septiembre de 2006

Amenazan a funcionarios de Fiscalía que testificarán en proceso por masacre de policías en Jamundí

Así lo denunció la directora Seccional de Fiscalías, Alicia Ledesma, al confirmar que hace dos semanas 5 funcionarios empezaron a recibir llamadas intimidatorias y mensajes escritos en sus oficinas.

En las llamadas y los mensajes desconocidos les advierten que están localizados al igual que sus familias.
Según el nuevo sistema penal acusatorio, estos funcionarios deben participar como testigos durante el proceso que se adelanta por la muerte de diez policías y un civil en Jamundí (Valle).

De acuerdo con la investigación que se adelanta por las amenazas, en los últimos días se han detectado seguimientos y rondas en la casa de uno de los investigadores.

Alicia Ledesma no entregó más detalles de los mensajes ni cómo han sido entregados a sus destinatarios, pero advirtió que esto no impedirá que el próximo 3 de octubre, cuando se tiene prevista la audiencia preparatoria al juicio, el personal asista al procedimiento.

El pasado 8 de septiembre la Jueza Cuarta Penal Especializada (encargada), con funciones de conocimiento, incorporó al proceso la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación contra los 15 militares investigados por los hechos ocurridos el 22 de mayo en la parcelación La Cristalina, en el corregimiento de Potrerito (Jamundí).

Durante la audiencia, la Fiscalía acusó públicamente a los militares como coautores del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo sucesivo.

"Es triste que no nos dejen trabajar, pero a pesar de todo, lo haremos. A nuestros funcionarios y a sus familias se les va a garantizar su seguridad", concluyó la directora de Fiscalía.

CALI

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18 de Septiembre de 2006


Protesta en Jambaló por muerte de niño indígena, que habría sido víctima de mortero del Ejército

El Tribunal Indígena del norte del Cauca juzgará los hechos de Jambaló. Aquí, ese organismo durante el juicio a un mando militar del batallón Pichincha, en el 2004, por la muerte de otro comunero.

El hecho se produjo el sábado en la vereda Zumbico, cuando, al parecer, soldados del batallón Pichincha asentados en las afueras del área urbana de Jambaló (Cauca) dispararon la pieza de artillería.

Eso denuncia el cabildo indígena de Jambaló, máxima autoridad del resguardo. El cadáver del niño Yilber Fabián Hurtado Yule, de diez años, era esperado este domingo por más de 500 indígenas paeces.

El cabildo agregó que la explosión también causó heridas graves al indígena Bautista Yule Rivera, conductor de la ambulancia del hospital de Jambaló.

Un vocero del cabildo explicó que la granada explotó a 40 metros de donde se encontraban concentrados unos 2.500 habitantes de Zumbico que participan en un bingo con motivo del día del amor y la amistad. Agregó que el artefacto cayó a 90 metros del sitio donde funciona una estación de gasolina.

Ayer en la tarde, el menor muerto era sometido a la necropsia para ser trasladado luego a la vereda Zumbico donde vivía con sus padres y una hermana menor de edad.

En ese lugar, informó el cabildo, permanecían concentrados ayer al menos 500 personas, entre ellas los alumnos de la escuela rural mixta de Zumbico, donde el niño se desempeñaba como tesorero escolar.

El cabildo declaró ayer duelo en todo el territorio de los paeces y puso en alerta a la Guardia Indígena, al tiempo que convocó, para mañana, a los 17 resguardos del norte del Cauca a una asamblea para denunciar otros supuestos atropellos del Ejército.

La muerte del niño indígena se produjo a pocas horas de la llegada a esa zona del Cauca, de una misión internacional que verificará la situación humanitaria y de derechos humanos de cuatro pueblos indígenas de diferentes regiones del país.

Para este martes también fue convocado el Tribunal Indígena de los 17 cabildos del norte del Cauca, organismo que investigará los hechos.

Por su parte, la Oficina de Prensa de la Tercera División del Ejército, en Cali, dijo que el propio comandante de esa división, general Hernando Pérez está al frente de la investigación, pero anunció que no se pronunciará todavía pues no es claro lo que ocurrió.

Otros incidentes en resguardos paeces

· Diciembre, 2003. El indígena Olmedo Ul murió baleado en una carretera de su resguardo de Huellas, en Caloto ( Cauca), cuando tropas de la Brigada Móvil 6, hacían controles.


· Abril 2004. el indígena Aparicio Ñuscué Ñuscué, murió días después de ser herido por efectivos del batallón Pichincha en Toribío, cuando realizaba un ritual en el río Isabelilla, acompañado por otros dos indígenas y un thewala (guía espiritual).


· Junio 2006. Una granada de mortero hirió de gravedad al indígena Robinson Ulluné en Jambaló. El cabildo culpó a tropas del batallón Pichincha.


Tragedia por granada en Dagua

A un lado de la camilla en la que permanece su hijo de 5 años, en Urgencias del Hospital Universitario del Valle, en Cali, Orfilia Moreno trata de buscarle una respuesta a la tragedia que también le costó la vida a su bebita de 17 meses de nacida.


El viernes en la noche un vecino suyo lanzó una granada contra su casa, ubicada a orillas de la Carretera al mar, en la vereda Yolomba de Dagua (Valle). Al parecer, todo obedece a un problema de predios que se generó hace un año.

El joven responsable del crimen, soldado del batallón Palacé, se entregó el sábado ante sus superiores en la unidad militar en Buga. La Fiscalía inició la investigación.

Según la señora Moreno, huyendo de la violencia en 1991 llegó con su padre a la vereda Yolomba, donde compró el terreno y construyó su vivienda.

Pero hace un año una mujer y sus dos hijos llegaron al lugar y pese a que sabían que el terreno tenía propietario construyeron una casa.

"Tuvimos algunos inconvenientes y luego todos en esta zona nos enteramos de que la señora se enfermó de cáncer. Ellos me culparon y hablaron de brujerías", relata doña Orfilia.

Hace ocho días la madre de los jóvenes murió y los problemas se encendieron de nuevo. Y el viernes ocurrió el ataque con granada.

"Él empezó a llamarme. Tocó a la puerta, pero yo no quise abrir. A las 7 de la noche ya nos habíamos acostado cuando escuchamos ruidos y después, la explosión", recuerda Orfilia.

Su padre, Lisímaco Moreno, relata que después del fuerte ruido se percató de que había fuego en la cama donde dormía la bebé.

"Vi la llamarada sobre el colchón de la niña, pensé que se estaba quemando y corrí a auxiliarla, pero cuando la cogí ya estaba muerta", aseguró el hombre.

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Septiembre 21 de 2006


Militares empeñaron armamento a cambio de marihuana, denunció el senador Jesús Piñacué


El Ejército ordenó realizar un inventario del material de guerra de los efectivos destacados en el Cauca para verificar la veracidad de las afirmaciones.

El senador indígena aseguró que el caso se presenta en el municipio de Jambaló (departamento de Cauca), donde el sábado una granada de mortero disparada por militares mató a un niño aborigen de diez años, según el Ejército por supuestas fallas técnicas.

"Cartuchos y granadas están siendo intercambiados por marihuana", dijo Piñacué, quien sostuvo que en algunos casos, cuando los militares no pagan sus deudas a los nativos, éstos venden los artefactos a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

"Al no ser puestos los dineros a tiempo, estos elementos van a manos que con toda seguridad ponen en riesgo la tranquilidad y la vida de la ciudadanía", agregó el legislador opositor.

Un oficial del Ejército señaló a la AFP que el general Hernando Pérez, comandante de la III División, ordenó revisar el armamento de los militares destacados en Jambaló (600 km al suroeste de Bogotá) para establecer si faltan.

"La fuerza no ocultará nada, y si eso está sucediendo se tomarán los correctivos disciplinarios que correspondan", agregó.

El alcalde de Jambaló, Marco Cuetia, dijo que la irregularidad se conoció hace dos meses, pero que "al parecer venía de tiempo atrás".

"La versión es que algunos miembros del Ejército que consumen alucinógenos están utilizando a algunos comuneros, a veces bajo presión, para que les suministren esas sustancias a cambio de material bélico que dejan en empeño mientras tienen dinero y lo recuperan", declaró.

Cuetia indicó que el hecho, reportado por nativos, ha sido denunciado ante el Ejército y es investigado por las autoridades de la comunidad indígena Páez, a la que pertenece. "Entiendo que hay un comunero detenido", comentó.

El caso se conoce en momentos en que las fuerzas militares enfrentan una ola de escándalos por el presunto montaje de falsos atentados y secuestros, y por denuncias de asesinatos extrajudiciales, torturas a soldados, detenciones masivas de civiles inocentes y narcotráfico.

Con AFP.

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Septiembre 20 de 2006


Por matar civiles, detienen a 14 militares, entre ellos dos oficiales y tres suboficiales

Las víctimas fueron señaladas como guerrilleros, en dos hechos diferentes que fueron presentados como 'positivos' (resultados) del Ejército en la lucha contra la subversión.


Pero la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía encontró evidencias de que se trató de muertes en estado de indefensión.


El caso más reciente ocurrió el pasado 12 de octubre cuando murieron Luis Orozco y Mario Pineda, hermano de la ex congresista Eleonora Pineda.


El Ejército informó que las tropas estaban patrullando en Tierralta (Córdoba) cuando se enfrentaron a unos hombres (Pineda y Orozco) que se movilizaban en una motocicleta. Una tercera persona que los acompañaba habría escapado. Según la versión, tenían dos fusiles AK-47 y un arma corta, y habrían disparado a la tropa.
Los familiares de las víctimas rechazaron las acusaciones y advirtieron que no eran delincuentes ni guerrilleros.


La Fiscalía asumió el caso y empezó a encontrar graves irregularidades en los hechos, como inconsistencias en las versiones de los uniformados.


Por ejemplo, según las pruebas, tras el levantamiento las dos víctimas no aparecían con fusiles, sin embargo, después cuando fueron presentados sí los tenían. Las pruebas técnicas revelaron que no se habría tratado de un combate.


Por estos hechos, la Fiscalía detuvo (por encubrimiento) al teniente Edwin Meza y por homicidio al sargento Flavio Sánchez, al cabo Albeiro Vargas y a los soldados Roberto Posada, Luis Solano y Dairon Silva.

Lo bajaron de su carro

El otro caso ocurrió el 6 de febrero del 2004, pero la Fiscalía apenas ahora ordenó la captura de otros 8 militares.


Ese día, una patrulla detuvo el carro donde iba Juan Daza, en un retén en Atanquez (Cesar).

Luego, el hombre apareció muerto tras supuestos combates entre el Ejército y la guerrilla.

Como en el anterior caso, la Fiscalía determinó que no hubo tal combate y que se trataba de un particular muerto en indefensión.

Fueron detenidos el teniente Carlos Lora, el suboficial César Mosquera y los soldados Rodolfo Martínez, Adamir Tarazona, Everaldo Martínez, Abel Salcedo, Luis Salgado y Edgar Ramos.

Otros muertos que no estaban en combate

No es la primera vez que la Fiscalía descubre que personas presentadas como guerrilleros muertos en combate resultaron ser civiles.


Otro episodio, que tiene hoy detenidos a otros 7 militares (un oficial, un suboficial y cinco soldados), es el del líder kankuamo Víctor Hugo Maestre Rodríguez.


El 4 de octubre del 2004, Maestre fue secuestrado en Atanquez (Cesar) por hombres uniformados. Esa noche, los pobladores escucharon disparos en proximidades al cerro El Peligro. Al día siguiente, se habló de un choque entre tropas del Ejército y miembros del Eln, y el indígena apareció como subversivo.


Hace un mes, la Fiscalía detuvo a un suboficial y tres soldados señalados del homicidio Éver de Jesús Montero.
Los hechos ocurrieron el 29 de agosto del 2003, en Ríoseco (Cesar) donde Montero fue bajado de un vehículo de servicio público por supuestos 'paras'.


Al otro día, fue presentado como un guerrillero muerto por las tropas.


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En el Atlántico

Fiscalía aseguró a Comandante del Gaula


Dentro de la investigación por la muerte de 6 personas en Puerto Velero durante un supuesto operativo antisecuestro.

Por ISIS BELEÑO

El comandante del Gaula, mayor Jorge Alberto Mora Pineda, deberá enfrentar una investigación por los cargos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, empleo ilegal de la fuerza pública y concierto para delinquir, de acuerdo con la decisión tomada ayer por la Fiscalía.

El Fiscal 20 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos encontró méritos para proferir medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad por los hechos ocurridos el pasado 14 de agosto cuando siete militares del Gaula efectuaron un supuesto operativo antisecuestro donde resultaron muertos seis hombres.

El mayor Mora Pineda fue escuchado en indagatoria el sábado pasado, convirtiéndose en el octavo militar vinculado a la investigación.

Según declaraciones de los militares, la patrulla respondió al ataque de los presuntos secuestradores, quienes retenían, al parecer, a dos comerciantes de la ciudad.

El encuentro de los soldados del Gaula y los secuestradores se dio en el sector de Caño Dulce y Puerto Velero.

Días más tarde se dio a conocer a los medios un video en el que se observaba a dos vehículos oficiales pasando por el peaje de Puerto Colombia, seguidos de los carros de los supuestos delincuentes, en caravana, señaló la Fiscalía.

La grabación y las declaraciones de la esposa de una las víctimas, quien asegura que los baleados no eran secuestradores sino que venían a cobrar 1.300 millones de pesos a Elías Abomohor, levantó sospechas al interior del Ejército sobre la veracidad de lo consignado en el informe que presentaron los miembros del Gaula.

Por los mismos hechos fueron asegurados el capitán Geovanny Pérez Delgado; los sargentos Elkin Alberto Pulgarín Girón y Gerson Alberto Galvis Calderón, los soldados Víctor Raúl López Bueno, Aquilino Cervantes Sosa, Alfredo Lara Beleño y Luis Fernando Méndez Cervera y el detective del DAS Cristian Eliseo Valencia Barco.

Asesinan a vendedor en Zona Cachacal


Por JUAN ALEJANDRO TAPIA

Cuando caminaba por la calle 32 con carrera 35, Zona Cachacal, fue asesinado el joven Maximilano Gómez Herrera, de quien su familia dijo que se ganaba la vida como vendedor de frutas y verduras.El homicidio fue cometido ayer hacia la una de la tarde por dos hombres que dispararon tres veces contra el vendedor de 21 años de edad.

Todos los proyectiles hicieron blanco en la cabeza de Gómez Herrera, quien se desplomó sobre la vía mientras los homicidas corrían en distintas direcciones.Habitantes del sector corrieron a prestarle ayuda a la víctima, a quien subieron en una carretilla y trasladaron al Hospital Barranquilla.

A pesar del desesperado intento de los ciudadanos por salvar la vida del joven, los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.

Los investigadores de homicidios han determinado que Gómez Herrera residía en la Zona Cachacal. Sin embargo, se desconocen los móviles y autores del homicidio.